El alcalde amplía dos meses el plazo para la resolución del expediente de Villa Magdalena

El palacete de Villa Magdalena. / PIÑA
El palacete de Villa Magdalena. / PIÑA

El equipo de gobierno planteará alegaciones a las conclusiones exculpatorias de la instructora con las que discrepa abiertamente

G. D. -R. OVIEDO.

La junta de gobierno acordó ayer, a propuesta de la Alcaldía, prolongar dos meses el plazo para la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial de Villa Magdalena, con el fin de solicitar aclaraciones a la instructora, Mercedes Díaz Amodia, después de que la funcionaria considerase que no existían tales responsabilidades.

La propuesta de resolución de la técnica sentó como un jarro de agua fría al equipo de gobierno. Dijo el alcalde, Wenceslao López, que su intención era llevar el expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación de Villa Magdalena «hasta las últimas consecuencias», que mientras existiese «un resquicio», entendía que su obligación era intentar exigir que fueran los responsables de la ruinosa expropiación quienes cargasen con los más de 60 millones de euros que ha costado al erario municipal el palacete. Ahora dispondrá de dos meses más para intentar que el informe determine o señale a algún responsable.

La propuesta de conclusiones de la funcionaria entiende que, con los límites que le fijó la junta de gobierno -el periodo entre 1998 y 2008- y los señalados como posibles responsables -los que fueron alcalde y concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos en ese periodo: Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo- no existen tales responsabilidades patrimoniales. Señala que el supuesto que se le pidió aclarar e investigar, de hecho, no es una responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable».

Con estos dos límites, Diaz Amodia concluyó que el Tribunal de Cuentas ya ha rechazado en dos ocasiones la existencia de responsabilidad contable, «por lo que difícilmente podría esta instructora apartarse de los razonamientos» del mismo. Y los razonamientos no han cambiado desde que el PSOE acudió al Tribunal de Cuentas en 2011: todos los pagos hechos por el Ayuntamiento fueron debidos, en cumplimiento de la colección de sentencias judiciales adversas de la expropiación, y que la consignación del justiprecio solo frena la retasación cuando el expropiado «se niegue a la recibir el pago», porque ante controversia judicial, «lo que realiza la administración en realidad es un depósito que podría haber evitado o no la retasación, pero que no constituye una verdadera consignación en el sentido del Derecho Civil».