Barbón sostiene que el convenio de La Vega «salda una deuda histórica con la ciudadanía de Oviedo»

Este paso por parte del Ejecutivo regional es repetido. La primera vez que Barbón y sus consejeros debatieron el convenio de La Vega fue en diciembre; se aprobó. Sin embargo, «el Ayuntamiento introdujo cambios en el texto» tras la fase de información pública, en la que se presentaron 809 alegaciones que «obligaron a volver a celebrar este trámite como paso previo a la firma definitiva del convenio».

¿Cuándo se producirá? Cuando las agendas estivales de los líderes de las tres administraciones involucradas lo permitan. Las previsiones que maneja el alcalde, Alfredo Canteli, es que este acto se llevará a cabo a lo largo de la segunda quincena del mes dando así paso a una tramitación administrativa que diseñará el futuro de este complejo que lleva doce años cerrado. «Este acuerdo permitirá poner al servicio de la capital asturiana una superficie de 120.000 metros cuadrados en un emplazamiento estratégico y bien comunicado», según informaron después fuentes regionales.

Una de las ventajas de este convenio, tal y como añadió ayer Barbón, es «la importante recuperación del patrimonio histórico e industrial» para ponerlo «a disposición de la creación de empleo, la actividad y el futuro». Entre las naves que previsiblemente se destinarán a la generación de empleo está el taller de Cañones que el Principado adquirirá antes de la desafectación del conjunto «del dominio público e inmediatamente después de la inscripción registral de las parcelas» por un precio que rondará entre 4 y 4,5 millones de euros. La administración regional también lo rehabilitará.

No será su único acometido. El Ejecutivo colaborará «en la ordenación del territorio y urbanismo, en las competencias medioambientales, patrimoniales culturales y monumentales» en la medida de sus competencias y facilitando así el trabajo del Ayuntamiento.

Otro de los objetivos que establece el convenio y ensalza el Principado es la implantación de vivienda pública y asequible. Este fue uno de los cambios que ha habido a lo largo de los dos años que han pasado tras la firma del protocolo porque, en un principio, se estableció que el 70% de los pisos eran libres y el 30% restantes serían protegidos en régimen de venta o alquiler. Ahora, todos están destinados a jóvenes y el Estado, además, ha cambiado de postura porque se abre a que la construcción sea fuera del conjunto. ¿Cuál será el criterio? «Cando los estudios arqueológicos, patrimoniales, de movilidad y medioambientales concluyan como desaconsejable la generación de la totalidad del suelo» en el interior de La Vega.

También se refirió ayer a este asunto el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien exigió al alcalde y al resto de miembros de la Corporación que «abandonen cualquier tipo de declaración unilateral que distorsione la imagen del importante e histórico acuerdo del Pleno». Es por ello que pide a sus compañeros «consenso y acuerdo en los siguientes pasos» a dar en esta importante operación.