CSIF denuncia un «pucherazo» en las admisiones a las oposiciones de la Policía Local de Oviedo

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento denunció ayer un «pucherazo» ante la exclusión de 66 aspirantes a las oposiciones de la Policía Local, tras la publicación de las listas definitivas de admitidos al proceso selectivo. La mayoría de los excluidos lo ha sido por, «supuestamente», adolocer de los certificados médicos presentados por los aspirantes «de la literalidad de la convocatoria, aunque contengan exactamente el mismo contenido». Esto es, el Ayuntamiento ha dejado fuera a los aspirantes cuyos certificados médicos atestiguaban sus condiciones físicas y mentales para la profesión de Policía, pero no específicamente para las pruebas contempladas en las bases de la oposición.

El agravio con estos opositores frente a los 438 admitidos que optarán a las 35 plazas convocadas es motivo de impugnación de las oposiciones, según el sindicato. CSIF ofreció ayer sus servicios jurídicos a los afectados, los opositores, «porque no tiene ningún sentido la forma de actuar del Ayuntamiento. Y si un juez hace una pequeñísima revisión de las exclusiones, podría acordar la suspensión provisional y el consiguiente retraso» de la convocatoria.

O explicado de otra manera: el Ayuntamiento se puede ver abocado a 66 litigios contencioso-administrativos y a la parálisis durante meses, en el mejor de los casos, y años, en el peor, de las incorporación de estos 35 policías locales. No es buen momento. La plantilla del servicio se verá reducida a tan solo 235 funcionarios a finales de año como consecuencia del decreto que ha permitido la jubilación anticipada de 46 policías locales el año pasado y adelantará otras 22 este ejercicio. Con todo, el número de efectivos real del servicio caerá hasta un mínimo de 213 funcionario, que puede afectar gravemente al servicio operativo.

El sindicato vuelve a pedir al alcalde, Alfredo Canteli, que cese o destituya al concejal de Seguridad, José Ramón Prado. «En CSIF nos preguntamos hasta qué límite de barrabasadas le van a consentir el resto de personas correctas del PP a su compañero», dice el sindicato, que recuerda que ya «la lió parda pagando 83.000 euros a unos policías, sin haber pasado por Mesa General y con un batiburrillo de a unos sí, casualmente sólo a los afiliados del Sipla, y al resto no» de los que habrían sufrido el supuesto exceso de horario. También le acusan de maniobrar para «nombrar a dedazo a quien le dio la gana» para el tribunal de las presentes oposiciones, «pese a tener un informe» de la jefatura del servicio «con la idoneidad de los miembros de los tribunales», tal y como adelantó este diario.

El tribunal está presidido por un intendente, significado por su apoyo al cesado e investigado exjefe de la Policía Local, José Manuel López, y apartado como responsable del contrato de control del tráfico por las múltiples irregularidades de la contratista. El socialista Ricardo Fernández denunció la situación y advirtió de las posibles consecuencias legales de la designación del tribunal de unas oposiciones que cada vez parecen más complicadas.