La entrada en vigor de la ordenanza de limpieza de Oviedo hace obligatoria la separación de residuos

Dos años y solamente una ordenanza. En lo que va de mandato, la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad la regulación de la limpieza viaria y recogida de basuras, actualizando una ordenanza de 1993 totalmente sobrepasada por la normativa ambiental y con multas en pesetas. Algunas tan llamativas como que «el vertido incontrolado» de residuos industriales está castigado en Oviedo como infracción «muy grave» con multas de «10.000 a 15.000 pesetas».

La nueva norma, pendiente del visto definitivo en el Pleno de finales de este mes, actualiza sanciones, regula la colocación de cubos, impulsa el reciclaje de materia orgánica y trata de frenar abusos para favorecer el correcto separado de los distintos tipos de residuos. Además, como ya se informó en su día, se recogerá la basura los domingos y festivos. Una medida que empezará el próximo mes.

La ordenanza también pone fin a situaciones absurdas. Hace ahora diez años, un funcionario del área de Medio Ambiente propuso una sanción millonaria por unos restos de una carta en la calle a su destinatario. Adujo que, como la norma municipal estaba desfasada, debía acudir a la legislación autonómica de la materia y equiparando aquellos papeles a un vertido contaminante. El expediente se frenó.

No solo eso. También la ordenanza de Tráfico imponía sanciones «más baratas» que las de la Código de Circulación hasta su actualización el mandato pasado. El concejal de Seguridad Ciudadana, entonces el socialista Ricardo Fernández, eliminó, además, el problema para el futuro: la norma municipal se remite ahora al régimen sancionador que esté vigente en el momento.

Para evitar este tipo de cosas y en aras de la transparencia, los ayuntamientos están obligados a aprobar un plan normativo cada año, un documento en el que se detallen las normas y reglamentos cuya modificación o nueva redacción se pretende tramitar en ese ejercicio. Ahí, el Ayuntamiento está lleno de buenas intenciones y de olvidos ocasionales. Valga el Reglamento de Bomberos. La norma se aprobó a mediados del siglo pasado. El mandato pasado, Fernández anunció su inminente derogación. Luego cayó en el olvido, pese a que la norma insiste en que los bomberos deben traerse el uniforme de faena de casa. Tres años después, su sucesor, el popular José Ramón Prado, ha incluido la derogación de la norma entre los objetivos de este ejercicio por «su carácter preconstitucional», porque «su vigencia ficticia contribuye a mantener un margen de inseguridad jurídica por contraposición con numerosas normativas actuales» y porque tiene un «régimen disciplinario anacrónico». Sin embargo, de momento, nada se ha hecho.

La «vigencia ficticia» del reglamento de Bomberos es un problema menor si se compara con otros que generan casi a diario otras ordenanzas. La General de Subvenciones nació en el mandato pasado tras varias severas advertencias de la Sindicatura de Cuentas acerca del abuso por parte del Ayuntamiento de las ayudas «a dedo», nominativas y sin concurrencia. Fue complicado, al tripartito le tocó tratar de ajustarse a la legislación y favorecer la competencia entre los demandantes de subvenciones y, a la vez, intentar que programas municipales consolidados -el Albergue de Transeúntes, Calor y Café o la atención a inmigrantes- no se vieran en riesgo en el proceso. Lo hizo convirtiendo algunas de estas ayudas, la mayor parte para entidades vinculadas a la Iglesia, en «históricas» y creando una procedimiento competitivo para las demás.

Pero la complejidad no ha desaparecido. En seis años, van otras tantas modificaciones de la ordenanza y diecinueve bases complementarias para poder encajar nuevas ayudas o procedimientos no previstos.

El año pasado, el Ayuntamiento concedió ayudas a empresas por la pandemia por cuatro millones de euros ante la crisis y necesidad desatada por la covid. Lo hizo en el aire, sin el soporte normativo detrás, pero Economía no quiere repetir y ha lanzado la séptima modificación de la ordenanza General de Subvenciones para dar cabida a las ayudas por 2,5 millones de este año.

El área de Javier Cuesta tiene problemas con otra norma. La ordenanza de Ocupación de Vías, aprobada el pasado mandato, limita su uso y complica la celebración de eventos. El anterior equipo de gobierno al completo está a las puertas de sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de prevaricación por autorizar la celebración del Mercáu de la Gascuña, en Gascona, que llevaba celebrándose de forma mensual desde 2014, en un asunto en el que la justicia, en cambio, no vio problemas en la Preba de la Sidra. La norma no ha cambiado y genera informes negativos de los técnicos con cada mercado. El equipo de gobierno pretende desde hace dos años modificar el marco, pero faltan los trámites.

Estos, a veces, se eternizan. Participación lleva desde 2018 anunciando cambios en ordenanza la General de Subvenciones para las ayudas a entidades sociales. Incluso sometió la norma a consulta previa en 2018 y 2019. Se promete para este año. Otras, en cambio, corren. Urbanismo anunció la modificación de la ordenanza de Terrazas en enero, contrató la norma a una empresa externa en marzo, y prevé tener concluido el trámite de información pública este verano y tener la aprobación inicial en agosto.