Los expropiados del viejo HUCA reclaman sus derechos: «La ley de Memoria Democrática es clave»

Una expropiación forzosa para levantar la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, con setenta y tres propietarios afectados, entre los que se encontraban Fernando Santirso y su mujer, Leonor Alonso, que perdieron prácticamente de la noche a la mañana su casa y la finca en el Truébano. «La razón para expropiar era la necesidad sanitaria y les dijeron: 'tienes diez días para marcharte'. Mis abuelos no fueron ni a justiprecio; además, estarían un poco atemorizados por las circunstancias, recién terminada la guerra», recuerda Fernando Santirso, uno de sus nietos.

Más de ocho décadas después de aquello en plena posguerra, un grupo de herederos de aquellos damnificados reclaman la reversión de sus derechos ante un posible cambio de usos tras el cese de actividad en 2014 por el traslado del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada.

Tras años de deterioro y robos que han destrozado todos los edificios, en las próximas semanas comenzarán los derribos, como primer paso a un cambio de usos futuro, entre los que se encuentra la reconversión de inmuebles para facultades, para ampliar el Campus B, y otros sin definir en una operación que se prevé millonaria: «Si lo que pretenden es cambiar la sanidad por la Universidad estaría justificado, pero para hacer especulación con un tercio, como tienen previsto para hacer viviendas.... Una parte será de vivienda pública, pero luego ya vendrá 'Pachín con la rebaja' y se convertirá lo público en privado».

Y no es cualquier espacio, destaca Ramón del Fresno, presidente de la asociación de vecinos y comerciantes de El Cristo, Buenavista, Llamaquique y Montecerrao: «Es el mejor solar que hay en toda Asturias».

Santirso explica que comenzó a darle vueltas tras encontrarse con una pancarta sobre participación ciudadana a la entrada del hospital hace ya diez años, en tiempos del gobierno tripartito. «Ahí es cuando empecé a revolver, a investigar», detalla. Creó un grupo con herederos en la misma situación, comenzó los contactos con las administraciones y logró toda la documentación sobre cómo había sido el proceso en 1943, «con amenazas y coacción».

Y comenzó a profundizar en las leyes, en las que ahora sí encuentran posibilidades para recuperar esos derechos tras otras encaminadas a lo contrario. Santirso alegó que desaparecida ya la afectación sanitaria de dichos terrenos deberían activarse de oficio los derechos que la ley otorga a sus propietarios o herederos; sin embargo, una ley de 1999 «creada ad hoc para favorecer la especulación, pretendió arrebatar estos derechos a los reversionistas» y favorecer «el expolio».

A nivel nacional existen varios casos de reclamación de derechos de reversión, como en la estación de Chamartín, ahora desafectados para la construcción del complejo Madrid Nuevo Norte. Una situación que Santirso compara, pero que Oviedo ve más posibilidades de prosperar por «un factor determinante: «La Ley de Memoria Democrática es la clave». Y lo es, sostiene, porque «la expropiación de mis abuelos se realizó bajo el franquismo. Esta norma podría jugar un papel clave en la rehabilitación de sus derechos».