La Fiscalía pide multas para once imputados por una protesta en el Reconquista

Marcos Antuña, en una vista previa por esta causa. / A. P.
Marcos Antuña, en una vista previa por esta causa. / A. P.

Los once sindicalistas, que reventaron una presentación de Fitur y se enfrentan al pago de hasta 2.500 euros, anuncian nuevas movilizaciones

ALBERTO ARCEOVIEDO.

«Reconquista solución, despedidos readmisión». Ese fue el cántico que enarbolaron las once personas que durante el mediodía del pasado 11 de enero de 2018 reventaron la presentación de Fitur en el hotel de La Reconquista para protestar por los despidos del establecimiento y que se sentarán en el banquillo de los acusados el 16 de septiembre. La Fiscalía pide para cada uno de ellos multas que oscilan entre los 2.200 y los 2.500 euros por distintos delitos de desórdenes públicos, amenazas y maltrato de obra.

Según la petición del Ministerio Público, se enfrentarán al pago de distintas cuotas con carácter mensual. Ocho euros diarios por un delito desórdenes públicos durante ocho meses, ocho euros diarios durante un mes por un delito leve de amenazas y, además, otro mes a ocho euros diarios para el portavoz de las Asambleas de Trabajadores en Lucha, Marco Antuña, por maltrato de obra.

Las acusaciones particulares solicitan, por su parte, penas de hasta seis meses de cárcel para cada uno de los once imputados y el pago de 6.000 euros a la dirección del hotel por el «daño moral sufrido».

«Denuncias falsas»

«Las denuncias que dieron origen a nuestro procesamiento se basan en denuncias falsas y calumniosas, tanto la de la dirección del hotel como la del representante de UGT», explicó Antuña a través de un comunicado. «Ni agredimos ni insultamos ni amenazamos a nadie. Nos limitamos a manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos», aclaró. «Y muy especialmente con la compañera Raquel Agüeros, que fue objeto de una persecución encarnizada por su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores», apostilló.

Los colectivos Trabajadores en Lucha y Todos Somos Raquel habían irrumpido en la sala para quejarse por la gestión del establecimiento por parte de la empresa, a la que acusaron de acoso laboral durante el acto institucional de presentación. Allí se encontraban, entre otras personalidades, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola; y el director general de Comercio y Turismo, Julio Zapico.

«La protesta no es delito», sentenció el portavoz. Y, en ese sentido, anunció la convocatoria de nuevas movilizaciones, fechadas el mismo día del juicio a las nueve de la mañana y a las puertas de los juzgados de lo Penal.