El PP denuncia «irregularidades» en la gestión del Punto de Encuentro Familiar de Oviedo
Este servicio atiende más de 320 casos de menores con progenitores en situación de conflicto en Oviedo
El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Oviedo, el dispositivo gestionado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de ... Asturias que se encarga de garantizar, entre otras cosas, las visitas de menores por parte de sus progenitores en casos de familias en situación de conflicto y también en situaciones de violencia de género, se encarga en la actualidad de 282 casos derivados desde la autoridad judicial y de 47 más procedentes de la Dirección General de Infancia y familia, que es el órgano de la administración responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. No obstante, el PEF de Oviedo ha protagonizado durante las últimas semanas numerosas solicitudes de información y hasta de comparecencia por parte de la consejera del ramo para dar cuenta de las múltiples quejas que ha recibido el servicio por parte de progenitores usuarios y de la Asociación Maeve contra la violencia de género. Así lo desvela la diputada del PP regional Beatriz Polledo.
Denuncia que entre las «irregularidades de considerable gravedad» criticadas por las familias se encuentran las siguientes: «La ausencia sistemática de informes iniciales; falta de elaboración y comunicación de los planes de intervención; falta de emisión de informes de incidencias, incluso en situaciones de especial gravedad, como el incumplimiento de órdenes de alejamiento dictadas por la autoridad judicial; incumplimiento de las condiciones fijadas por sentencia judicial, como la obligación de realizar visitas supervisadas, dejando a los menores en una situación de riesgo o inseguridad», o la «vulneración del bienestar del menor, al no priorizar sus necesidades emocionales, físicas y psicológicas».
Derechos Sociales, eso sí, niega la mayor. En una de las respuestas por escrito a las preguntas de la diputada popular, el Principado asegura que el dispositivo «ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones contractuales establecidas». Desde la Dirección General de Infancia y Familia «se realiza un seguimiento continuo de estos recursos, en coordinación con los órganos competentes, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y su adecuación de las necesidades de las familias usuarias». La consejería, además, manifestó que «seguimos comprometidos con el fortalecimiento de los PEF como espacios de acompañamiento profesional, neutralidad y seguridad, en línea con los principios que rigen la intervención pública en materia de infancia y familia».
Polledo, en ese sentido, exige respuestas por parte de la consejera «para los casos en los que se detecta un mal funcionamiento» y «mecanismos concretos para garantizar el correcto funcionamiento de los centros, que se adopten medidas para corregir las carencias, deficiencias o irregularidades detectadas, y especialmente, que se produzca una interlocución, un contacto directo o reunión con las personas que, de forma formal y valiente, han presentado quejas denunciando situaciones preocupantes en el funcionamiento del servicio».
Tal y como viene recogido en la normativa regional, los puntos de Encuentro Familiar (PEF) son servicios especializados que actúan como un lugar neutral y seguro para garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores, especialmente cuando existen conflictos o se ha producido una ruptura familiar. Sus funciones principales son: facilitar la entrega y recogida de los hijos, supervisar el cumplimiento del régimen de visitas y ofrecer un espacio para la comunicación parental segura, todo ello con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de los niños. Se utilizan cuando existe una orden judicial que lo establece debido a la conflictividad familiar; en casos de separación, divorcio o situaciones de crisis familiar; cuando hay denuncias de malos tratos que dificultan o impiden el normal desarrollo de las visitas y, excepcionalmente, si ambos padres lo solicitan de mutuo acuerdo.
En concreto, los PEF son mecanismos ideados para garantizar el cumplimiento del régimen de visitas establecidas por un juzgado, evitando la interacción directa y conflictiva entre los progenitores; para la entrega y recogida de menores, facilitando el intercambio de los niños en situaciones donde la conflictividad entre los progenitores lo impide, como en casos de órdenes de alejamiento; para la protección y seguridad del menor, garantizando la integridad y el bienestar de los niños y proporcionando un entorno supervisado por profesionales cualificados (psicólogos y trabajadores sociales); para facilitar la comunicación parental, permitiendo que las relaciones materno y paterno filiales se mantengan cuando son difíciles o conflictivas.
Los usuarios denuncian deficiencias en los informes
En relación con la elaboración de informes por parte de los Puntos de Encuentro Familiar, el marco normativo establece la obligación de emitir diversos tipos de documentos, tales como informes iniciales, planes de intervención, informes de seguimiento e informes de incidencias. Sin embargo, los usuarios denuncian que los informes iniciales no se están elaborando de forma sistemática, y el correspondiente plan de intervención no se comunica ni se pone a disposición.
Lo mismo con los de seguimiento, en los que el PP regional advierte que «se ha constatado un patrón de redacción repetitivo, con evidentes signos de copiado textual, incluyendo errores de forma como fechas incorrectas, confusión de nombres y omisiones relevantes»; y con los de incidencias, sobre los que diversas usuarias han manifestado haber solicitado dichos informes ante situaciones irregulares o preocupantes sin obtener respuesta ni constancia escrita de los hechos denunciados en casos como el presunto «incumplimiento de órdenes de alejamiento por parte de un progenitor sin que se informe debidamente al juzgado o a las autoridades competentes».
«Estas deficiencias en la elaboración, contenido y comunicación de los informes afectan gravemente a la credibilidad del servicio, así como a la protección efectiva del interés superior del menor, eje central de toda intervención en el contexto de los Puntos de Encuentro Familiar», sostienen los populares.
Tras varias decenas de iniciativas, preguntas y solicitudes de comparecencia en comisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, el PP regional denuncia que el Ejecutivo se ha limitado a responder algunas de ellas remitiendo un calco de la normativa. «No solo no abordan con seriedad las cuestiones planteadas por los usuarios, sino que pueden llegar a interpretarse como un absoluto menosprecio a la realidad que viven muchas familias, que son quienes conocen en profundidad tanto el funcionamiento, como el marco legal que rige este servicio».
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