«Queremos que el plan de la Fábrica de Gas siga adelante con la descontaminación y los derribos»

La postura del equipo de gobierno condena a la nave de la Popular Ovetense, contra cuya demolición se han pronunciado tanto el Colegio de Arquitectos como asociaciones vecinales y expertos en patrimonio. Sin embargo, solo cuenta con protección ambiental y la única obligación es preservar el lienzo de la fachada que da a El Postigo y que, según el plan especial, quedaría integrada en la del bloque de viviendas que ocuparía el solar.

Cuesta admitió que la remisión por parte de su concejalía del proyecto a Cultura en nada alterará su rumbo, pero recalcó que la protección es la que es, la que viene marcada en el plan especial, y que nadie planteó aumentarla en los anteriores mandatos. «Se intentó explorar una fórmula, que, a día de hoy no tuvo más resultado que esas conversaciones de las que habla el anterior equipo de gobierno», cerró.

El proyecto de descontaminación presentado por EdP prevé el derribo de ocho de los edificios de la antigua factoría de gas y energía. Entre ellos, la nave de la Popular Ovetense, de la que solo se respetaría la fachada a la calle Postigo, pero también la marquesina de la zona de paso, los estribos del ferrocarril de El Vasco que cruzaba hasta los años 80 la parcela y desmontar los almacenes.

Lo que el propio arquitecto redactor del plan especial para EdP calificó como «una muestra dispar y completa de la arquitectura asturiana de los últimos 100 años», perdería algunas de sus piezas. En el recinto hay obras de Patricio Bolumburu, Francisco Casariego, García-Lomas, Vaquero Palacios, Joaquín Cores o Ildefonso Sánchez del Río. También, guarda las arcadas de los edificios porticados que había en la plaza de la Catedral hasta hace un siglo.

La empresa ha presentado un plan en dos fases. Una primera en la que no se tocarían los elementos catalogados y otra, más adelante, que requeriría informe de Cultura por afectar a alguno de estos. En concreto, de los edificios a demoler -el antiguo comedor, los almacenes, los estribos de los otros gasómetros hoy perdidos, el almacén subterráneo, la sala de conexiones de gas-, se dejarían para más adelante las actuaciones referidas a la Popular Ovetense o la marquesina.

La limpieza de los suelos es obligatoria y urgente. Antes del estado de alarma, el Principado ya había dado tres meses de plazo a la eléctrica para que retirase las más de 15.600 toneladas de suelos contaminados porque suponen «un riesgo inaceptable para la salud humana» en forma de hidrocarburos y alquitranes, según la resolución del servicio de Autorizaciones Ambientales del Principado.

El proyecto se presentó por primera vez en 2016, pero el tripartito lo frenó para tratar de salvar el conjunto. El entonces concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, llegó a un acuerdo para comprar el recinto por 4,5 millones, un precio que validaron los técnicos poco antes de las elecciones de 2019. El cambio de gobierno frenó cualquier avance y los requerimientos del Principado, llevaron a la empresa a mover ficha.

En enero, EdP urgió la autorización al Ayuntamiento, pero Infraestructuras la frenó porque, al no estar aprobado el proyecto de urbanización, no se podía dar licencia. Urbanismo soslayó el problema alegando las razones de especial urgencia previstas en el plan general que permiten obviar el trámite. A finales de octubre, el director general del área pidió en correo electrónico que se informase de forma urgente el proyecto de recuperación de los suelos y señaló qué arquitecto debía hacerlo. Una semana después, recibió el visto bueno municipal. En la misma fecha, el Ayuntamiento informó ya a las consejerías de Infraestructuras y Cultura de que había concedido autorización previa para los trabajos y la eléctrica presentó ese mismo día su liquidación del Impuesto de Construcciones.