El Principado retoma la senda judicial para exigir al Gobierno de Rajoy el pago de los fondos mineros

El Principado retoma la senda de los tribunales para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy los 213 millones de euros que adeuda a Asturias por las obras financiadas por los fondos mineros de 2011. El pasado mes de febrero el Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4 exigió al Gobierno de España, de forma clara y contundente, que "sin más dilación" procediese a cumplir la primera sentencia dictada por este tribunal para abonar esa cantidad. El proceso se inició en 2012 durante el mandato de Franciso Álvarez-Cascos. Entonces, el Ejecutivo asturiano decidió llevar a los tribunales la anulación de diversos convenios de fondos mineros realizada en el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, a pesar de los fallos a favor de Asturias y los distintos requerimientos judiciales, el Ministerio de Industria, a través del Instituto del Carbón, se ha negado constantemente a cumplir la sentencia, que fue ratificada en su integridad por la Audiencia Nacional.

Ante esta situación, el Principado ha vuelto a reclamar ante este tribunal que se cumpla la sentencia. La reclamación de la administración regional pide que el Gobierno central debe informar al juez sobre la identidad de todos los cargos y autoridades responsables de hacer cumplir la sentencia firme sobre los fondos mineros de 2011; convocar de forma inmediata una reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto del Carbón y el Gobierno de Asturias, en la que se aborden las incidencias que se hayan producido en la ejecución de los convenios de los fondos mineros de 2011, con identificación de los posibles incumplimientos para poder establecer el pago de las cantidades adeudadas; la exigencia judicial al Instituto de Carbón y al Gobierno de Rajoy para que de forma inmediata cesen en la toma de decisiones contrarias a la sentencia que reconoce a Asturias la reclamación de los fondos mineros de 2011 y solicitar al juzgado que acuerde la nulidad de todos y cada uno de los acuerdos del presidente del Instituto del Carbón sobre los procedimientos planteados "de forma unilateral" que exigen la devolución de cantidades abonadas y la pérdida de derechos de cobro de proyectos de los fondos mineros ya ejecutados. Se trata de 43 acuerdos de pérdida de derecho a cobro, 12 de reintegro parcial y 8 propuestas de acuerdo de pérdida de derecho al cobro.

Además, hay en marcha otros dos procedimientos de reclamación judicial iniciados por el Principado con ellos el total que exige la Administración Autonómica a la Central es de 322.858.315 euros.