La anterior reforma del sector público apenas supuso un ahorro de 1,2 millones al Principado

La reforma del sector público que se acometió en Asturias entre 2010 y 2016 no generó ahorros o, al menos, no fueron significativos. Así lo afirma el Tribunal de Cuentas en un informe fechado el pasado 25 de junio y en el que abunda en las conclusiones a las que llegó en 2018 la Sindicatura de Cuentas.

El contexto en el que se produjo esta restructuración del sector público era de extrema necesidad para las administraciones públicas. En medio de una profunda crisis económica, el Consejo de Política Fiscal aprobó un acuerdo marco centrado en la sostenibilidad de las finanzas en el que las comunidades se comprometían a acometer una reforma de su sector público. Un acuerdo que fue ampliado en 2012 y con el que se pretendía «evitar las duplicidades», «reducir el gasto» o «mejorar la eficiencia».

Asturias inició el proceso con 63 entidades, entre consorcios, fundaciones, sociedades, entes públicos y organismos autónomos. Seis años más tarde, en diciembre de 2016, la cifra se había reducido a 53, según se expone en el informe del Tribunal de Cuentas.

La extinción de diez entidades trajo consigo una reducción de 35 trabajadores, que conllevaba un ahorro estimado anual de 1,2 millones de euros para las arcas asturianas. No obstante, el Tribunal de Cuentas señala que, tal y como reflejó antes la Sindicatura de Cuentas, no fue posible verificar el dato aportado por el Principado. En la transimisión de información, el Ejecutivo regional no dio datos desglosados de los costes de personal de muchas de las sociedades extintas, por lo que el cálculo no se pudo comprobar.

Lo que sí queda claro en el informe es que las tareas o funciones de las sociedades que se extinguieron fueron asumidas en su totalidad, bien por la administración del Principado, bien por alguna de las entidades que surgieron producto de la fusión de varias de las extintas. «Los activos, pasivos y el personal afectado por los procesos de reordenación son, con carácter general, integrados en la administración del Principado de Asturias o en otras unidades del sector público autonómico. Ello denota que las medidas adoptadas constituyen más un cambio en la forma jurídica de las unidades que un ahorro en costes para la administración», señala el informe.

El informe desglosa las salidas de personal de las diferentes comunidades, así como los ahorros estimados por este motivo. Los 35 trabajadores de los que prescindió Asturias suponen un 0,6% del total de 5.386 que se vieron afectados por este proceso en el conjunto de España. En cuando al ahorro estimado, la cifra baja hasta el 0,5%.

Uno de los objetivos de la restructuración fue acabar con las posibles duplicidades que se pudieran dar en las diferentes administraciones públicas. En el caso de Asturias, al igual que ocurrió con Andalucía, Castilla y León, Valencia, Navarra y País Vasco, no se detectó en todo el proceso ninguno de estos problemas.

El informe del Tribunal de Cuentas concluye con una serie de recomendaciones a tener en cuenta para abordar procesos futuros. Una de ellas es la de elaborar un «plan estratégico» que recoja un «desglose completo y detallado de los objetivos que se persiguen». Otra de las recomendaciones del órgano fiscalizador es la de instaurar un «sistema de supervisión continua» de las entidades dependientes de cada administración.