Los ayuntamientos urgen la ejecución de los 133 millones pendientes de los fondos mineros

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) negó ayer cualquier tipo de responsabilidad sobre la gestión de los fondos mineros, cuestionada esta misma semana por el Tribunal de Cuentas. Argumenta esta agrupación que los ayuntamientos no tuvieron capacidad de decisión en el reparto de las ayudas y piden «no juzgar a todos» los consistorios por proyectos «singulares» como la residencia del Montepío de la Minería (Aller), objeto de un proceso penal.

El presidente de Acom, Mario Rivas, flanqueado por el vicepresidente, Maximino García, y la secretaria general técnica, Carolina Morilla, aseguró que desde esta asociación se advirtió de forma «reiterada» de los fallos en la tramitación y planificación de estos planes. Ahora, piden corregirlos para la gestión de los fondos pendientes de ejecución, pero también de cara a optimizar los recursos que puedan venir en el futuro bajo el paraguas de 'fondos verdes' con el cometido de conseguir una transición ecológica justa.

El tiempo apremia. Existe una prórroga hasta 2023 para el desarrollo del plan 2013-2018 por el que se comprometieron 133 millones para estas comarcas, de los que 97 corresponderían a Asturias, que podrían perderse si antes del 21 de diciembre de este mismo ejercicio el Ministerio de Transición Ecológica y las correspondientes comunidades no firman los convenios previstos.

El órgano supramunicipal teme que este plan quede en papel mojado o que, como ocurrió con los dos anteriores (el plan de 1998-2005 se ejecutó en un 53%, aunque el porcentaje en Asturias fue mucho más alto, y el plan 2006-2012 únicamente al 20%) no se desarrolle de forma completa, tal y como reprocha el Tribunal de Cuenta. Sin embargo, ante las críticas recogidas en la auditoría por el escaso nivel de ejecución de estos planes y su dudosa efectividad para cumplir con su cometido de reactivación de estas comarcas, desde Acom insisten en que las entidades locales no tenían capacidad de decisión. «No asumimos responsabilidad en aquello en lo que no participamos, asumiremos responsabilidad si a partir de ahora tenemos capacidad de gestión», resolvió el también alcalde de Morcín, quien anota como uno de los principales fallos que hay que corregir la «presencia testimonial» de los ayuntamientos en las mesas de decisión.

No comparten, en cualquier caso, las críticas generalizadas a estos fondos. «No se deben demonizar», aducen, puesto que entienden que este dinero sirvió para «dignificar» unos territorios con la dotación de servicios básicos «que debían haberse ejecutado con cargo a los presupuestos autonómicos». Lamentan, eso sí, que no hubiera existido la «adicionalidad» de recursos que se presuponía que iban a recibir estos concejos afectados por el cierre de las minas, pero consideran que es de justicia reconocer importantes beneficios. «No se puede asumir que la gestión de los fondos fue un desastre porque contribuyeron a crear empleo, impulsar infraestructuras y vertebrar el territorio», argumentan.

Dicho esto, coinciden en las críticas por parte del Tribunal de Cuentas en relación a la falta de planificación y proponen la creación de una oficina para el «análisis cualitativo y cuantitativo de los planes estratégicos». Además, añadió Morilla, la tramitación administrativa hizo que estas ayudas se convirtieran en «caramelo envenenado» por el retraso de los pagos.