Las deducciones fiscales para asentar población se aplicarán en 2.500 pueblos de Asturias

Las deducciones fiscales en el IRPF recogidas en los presupuestos de 2020 para tratar de combatir la despoblación en la zona rural se aplicarán en 2.500 pueblos asturianos. Las medidas comprometidas por el Gobierno de Adrián Barbón para asentar población se aplicarán en las unidades de población de menos de diez habitantes, o en aquellas que, sumando no más de 50 vecinos, hayan experimentado una disminución igual o superior del 20% de su población entre 2000 y 2019. Se trata, conviene recordar, de deducciones de 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos; de mil euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia y de un máximo de 50 euros por gastos en abonos de transporte público.

Desde el Principado se hizo una estimación inicial de 850.000 euros del gasto que supondrá para las arcas autonómicas este tipo de deducciones, que se harán efectivas a 1 de enero, y que fueron incluidas en los presupuestos a propuesta de Foro, cuyo abstención por parte de uno de sus diputados, el oficialista Adrián Pumares, fue imprescindible para aprobar las cuentas.

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, informaba ayer de los criterios previstos para delimitar el área geográfica en la que se aplicarán estas deducciones durante una Comisión de Hacienda en la que se habló, principalmente, del conflicto generado entre el Gobierno central y las comunidades por el impago a estas de los 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, y que a Asturias le afecta en 75 millones. Cárcaba insistió en que el Principado no ha renunciado a este dinero, ni da «por imposible que se abone esta cantidades» por parte del Estado, por lo que mantiene abiertas aún todas las vías para tratar de recuperarlo. Esto es, subrayó, la administrativa, la política, pero también judicial. De hecho, confirmó que se han iniciado ya los trámites administrativos previos para el requerimiento judicial, tal y como había anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, la semana pasada. No es una cuestión menor. Desde la Consejería advierten de que el impago de los 75 millones a Asturias elevaría el déficit en unas tres décimas por encima del 0,1% del PIB que tenía autorizado para este año, y que podría ocasionar «tensiones de tesorería».

Al contrario que el resto de la formaciones, desde el PSOE se valora la propuesta lanzada por Hacienda para compensar el impago de esta deuda a las comunidades con mayor déficit y más facilidades para el endeudamiento. La consejera, no obstante, reconoció que continúa a la espera de que Hacienda les haga llegar por escrito el «detalle técnico» de su propuesta para poder posicionarse sobre ella, aunque asumió que la decisión no será sencilla. Cárcaba advirtió incluso de que acudir a la vía judicial no asegura el cobro de este montante y, de hecho, abundó, hasta el momento únicamente Madrid ha dado este paso.

En todo caso, insistió en que Asturias no descarta esta vía, si bien espera que Hacienda pueda ofrecer soluciones más atractivas que las planteadas la semana pasada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que han sido muy criticadas por el resto de los grupos parlamentarios que, sin excepción, abogan por acudir a la vía judicial.