La Fiscalía pide imputar al número 3 de Óscar Puente en Transportes por el 'caso Koldo'
También reclama la declaración como investigado del actual jefe de personal de ADIF y del ex secretario general de Puertos del Estado, que ya fue cesado recientemente
Anticorrupción, por primera vez, empieza a estrechar el cerco sobre actuales altos cargos del ministerio que dirige Óscar Puente por sus vínculos con la 'trama ... Koldo' en la época de José Luis Ábalos. La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar como imputado al actual número 3 del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García. El Ministerio Público también pide que declare como investigado el jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda Paniagua. Ambos están acusados de haber ejercido presiones para que Transportes comprara material sanitario a la red corrupta que dirigía el exasesor de Ábalos, Koldo García.
En esa misma línea, Anticorrupción igualmente pide al instructor de la Audiencia Nacional que cite como investigado al exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, quien ya fue cesado hace unas semanas por el propio ministro Puente al conocerse sus lazos con la trama.
El Ministerio Público justifica la necesidad de interrogarles como imputados porque tanto los informes policiales como los documentos incautados en los registros certifican que los tres ««podrían haber ejercido ciertas presiones» sobre los responsables de los diferentes entes dependientes del ministerio para que adjudicar la compra la empresa que trabajaba para Koldo García. Unas presiones que tendrían como propósito básicamente que no se examinaran otras ofertas de empresas diferentes.
Anticorrupción insiste en que en la documentación en poder ya de la Audiencia Nacional prueba que desde el inicio no hubo ninguna intención de adjudicar la compra de material sanitario para la pandemia a una empresa que no fuera Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, la firma sobre la que pivotaba toda la red corrupta del asesor de Ábalos. Para la Fiscalía, esos indicios y la «conducta» de los tres altos cargos en este asunto de primar ante todo la empresa de la trama son «encajables dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias».
La base central de las acusaciones de la Fiscalía es el informe remitido hace unos días por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Moreno. En ese documento -recuerda el fiscal Luis Pastor- los investigadores certifican que Jesús Gómez García ejerció de «correa de transmisión» entre «la esfera próxima del ministro José Luis Ábalos», que era titular de Transportes en 2020, y «los entes adjudicadores» de Puertos del Estado y ADIF.
Mails comprometedores
En ese mismo informe, la UCO también analizó los mails que se intercambiaron en aquellos días de pandemia los altos cargos del ministerio que entonces dirigía Ábalos. En esos correos, al margen de quedar de manifiesto que Koldo García informó de manera minuciosa a José Luis Ábalos de esos contratos hoy bajo sospecha porque le rebotaba con asiduidad información sobre los mismos, también se apunta a la connivencia de los responsables a los que la Fiscalía quiere imputar.
Esos mails, explica el fiscal, desmienten la versión del número 3 de Oscar Puente de que él no intervino en la adjudicación a Soluciones de Gestión, una afirmación «alejada de la realidad» porque no solo tomó parte en esos concursos, sino que «mantuvo varios encuentros con Koldo García Izaguirre» para tratar estos temas.
En el caso de Sánchez Manzanares, entonces al frente de Puertos, los correos revelan que era consciente de las irregularidades que estaban cometiendo: «Después de esto nos vamos a gestionar el cartel de Cali», llegó a escribir. Anticorrupción destaca que los mails evidencian que Sánchez Manzanares tenía contacto directo y bastante cercano con el empresario Víctor Aldama, que se llevó 5, 5 millones en comisiones, aunque el exresponsable del ministerio lo negó en sede policial.
En lo referido a Michaux Miranda, que en ese momento era director general de Gestión de Personas de ADIF, el fiscal afirma que «asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por ADIF y la contratación (a la trama Koldo) pudiera llevarse a término»
Al margen de interrogatorio de imputados, Anticorrupción ha pedido, esta vez como testigos de una larga lista de altos cargos y exaltos responsables de Transportes: Francisco Toledo Lobo (presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021), Aránzazu de Miguel Peña (jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado), María Belén Caballero Martínez (jefa de departamento de contratación adscrita a Secretaría General de Puertos del Estado), Isabel Pardo de Vera Posada (presidenta de ADIF), Martín José Navarro Vicent (director de Recursos Humanos de ADIF), Jesús Ángel Díaz Muñoz (jefe del área de Recursos Humanos, soporte y alta velocidad de ADIF), Guillermo Martínez de Simón Santos (secretario general y secretario del Consejo de Administración de ADIF), Javier Sánchez Fuentefría (director general de Organización e Inspección del ministerio) y Daniel Belmar Prieto (subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad).
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