El gasto en servicios públicos básicos aumentó 200 millones a lo largo de la pasada legislatura en Asturias

El Ejecutivo de Adrián Barbón afronta la elaboración de su primer presupuesto. Las principales prioridades expresadas por el presidente del Principado son dos: el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos, lo que se conoce como el estado del bienestar, y una promoción económica que sea capaz de generar empleo, con especial atención a la ciencia. Durante la última legislatura el primero de los dos capítulos ha experimentado un notable crecimiento. Según datos del Gobierno regional, el gasto en servicios públicos esenciales ha pasado de 2.702 a 2.917 millones de euros, un crecimiento del 7,9% entre 2015 y 2018.

El propio presidente y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, advirtieron a lo largo de la pasada semana de que la elaboración de las cuentas de 2020 está siendo «complicada». El Ejecutivo regional tiene que hacer frente a un incremento del gasto de 100 millones de euros derivado de cuestiones como la recuperación de la jornada de 35 horas, el segundo nivel de la carrera profesional para funcionarios y la carrera profesional para interinos. A ello se suman las inversiones plurianuales que el Gobierno de Javier Fernández comprometió el pasado año y que figuran en las cuentas actualmente en ejecución, así como la imposibilidad de acudir al déficit público.

Con estos mimbres tendrá que trabajar el Gobierno de Barbón, que empezará a negociar el proyecto de presupuestos a partir de mañana y que espera poder presentarlo en la Junta «en las próximas semanas».

El sector de los denominados servicios públicos fundamentales que más recursos consume es el de sanidad. De los 1.589 millones de euros que se gastaron en 2015 se pasó a los 1.711 del pasado ejercicio, un 7,6% más. La previsión es que este gasto se siga incrementando. El propio presidente señaló como uno de los condicionantes de las próximas cuentas el envejecimiento de la población, que provocará un aumento del gasto asistencial. A ello se une el planteamiento del Gobierno regional de negarse al cierre de centros periféricos que prestan servicio a pequeñas poblaciones.

Hay otras promesas pendientes en esta área. El programa del PSOE incluye la ampliación del Hospital de Cabueñes, la reforma integral del Monte Naranco y la construcción y reforma de centros de salud como compromisos de legislatura. Las promesas de los socialistas no solo se centran en las infraestructuras, sanitarias, también en los programas de atención. La «ampliación progresiva a toda la población de la salud bucodental» es otro de los objetivos marcados para los próximos cuatro años.

Si la salud supone casi la mitad de los recursos destinados a los servicios básicos fundamentales, la educación alcanza una cuarta parte. Los recursos que se destinaron a esta área sufrieron un incremento más moderado que alcanzó el 4,4%. Pero también aquí hay compromisos adquiridos en campaña. La tramitación de la construcción «con carácter de urgencia» de los IES pendientes de la pasada legislatura, los de La Corredoria, en Oviedo, y Rey Pelayo, en Cangas de Onís, son dos de los equipamientos que el PSOE fijó como prioritarios. En el apartado de infraestructuras figura también continuar con el programa de extensión de la red de escuelas de 0 a 3 años, siempre «conforme a la demanda», y con políticas de bonificación de las tarifas. Entre los compromisos para esta legislatura figura también el incremento de la oferta en comedores escolares.

La protección es otra de las líneas básicas de las políticas del Ejecutivo de Adrián Barbón. Entre los años 2015 y 2018 el incremento en las partidas dedicadas a este tipo de actuaciones creció un 15,5%, pasando de 376 a 435 millones de euros. La aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales vendrá a tratar de reordenar un aspecto de la protección social que ha sufrido un gran incremento en el número de perceptores, el salario social.

En las próximas semanas se verá cómo el Ejecutivo regional plantea dar encaje a las políticas que pretende poner en marcha en un contexto de elaboración del presupuesto en el que ya advirtieron de condicionantes y compromisos heredados.