El Gobierno cierra ya el Valle de los Caídos para exhumar a Franco antes del 25 de octubre

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. / Efe

El traslado de los restos del dictador al cementerio de Mingorrubio se producirá tras más de un año de batalla legal entre el Ejecutivo y sus nietos

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Francisco Franco será exhumado antes del 25 de octubre del Valle de los Caídos y sus restos trasladados posteriormente al cementerio de Mingorrubio, ubicado en el distrito madrileño de El Pardo. Lo previsible es que la operación se lleve a cabo entre el viernes 18 y el martes 22, según fuentes del Gobierno. El complejo perteneciente a Patrimonio Nacional será cerrado desde este sábado al público por motivos de seguridad.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha adelantado que la familia del dictador será informada de la fecha 48 horas antes por si quiere acudir a la exhumación y a la reinhumación. En la basílica estará solo presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, para levantar acta y el personal necesario para el traslado. Los medios de comunicación no tendrán acceso a la basílica.

El Ejecutivo ha anunciado hoy sus planes tras el Consejo de Ministros. Lo ha hecho más de un año después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunciase la intención de sacar al dictador del Valle de los Caídos a la mayor brevedad posible.

El Ejecutivo socialista, no obstante, se topó con la oposición frontal de la familia Franco, que ha pleiteado hasta el final para evitar la exhumación y, en caso de no poder evitarla, que los restos fueran inhumados de nuevo en la Catedral de la Almudena. Esta era una posibilidad que no se ha contemplado en ningún momento ante el temor de que la nueva tumba se convirtiese en un lugar de culto al fascismo en pleno centro de la capital. El lugar elegido por el Gobierno ha sido finalmente una capilla de Mingorrubio donde yace la esposa del dictador, Carmen Polo.

La decisión del Gobierno de acordar el traslado llega después de que el Tribunal Supremo solventara ayer los últimos escollos para ejecutar la sentencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo levantó la medidas cautelares que pesaban desde junio sobre los tres recursos pendientes de resolver, una vez que los cinco magistrados del tribunal desestimaron por unanimidad el de la familia Franco.

Acceso a la basílica

La Sala explicó que la sentencia «es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos».

Los magistrados recordaron que «el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes», en alusión a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a abrir la puerta de la basílica, que quedaba desautorizado por el Supremo. Las resoluciones de ayer afectaban a los recursos presentados por la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. 

Sobre otros de los escollos pendientes, el relativo al procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle, el Supremo también se manifestó ayer.

Los magistrados fueron tajantes al asegurar que son el «único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución». Fue un mensaje implícito al juez Jose Yusty, quien todavía no ha archivado esta causa, aunque sus colegas del alto tribunal le recordaron que no tiene competencia para seguir con el caso.

A la espera del Constitucional

El abogado de los nietos del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, presentó este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes. En el escrito pedía la aplicación de la medida cautelarísima para suspender la ejecución de la sentencia, pero fuentes de la corte de garantías afirmaron a este periódico que esta solicitud de urgencia se verá como un recurso ordinario.