El Gobierno mantiene su plan de ahorro energético que Asturias prevé ampliar

Mientras, Moncloa hizo ayer oídos sordos a los intentos de los consejeros autonómicos del PP de retirarlo «inmediatamente» y reescribirlo tras una posterior Conferencia de Presidentes. Estos expresaron sus quejas durante la reunión organizada por el Ministerio de Transición Ecológica, que estaba prevista en un primer momento para hoy y tenía como objetivo «resolver dudas». Solo arrancaron de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, su compromiso de estudiar todas las propuestas que envíen antes del 31 de agosto. Pero esto no significa, en ningún caso, que las medidas se vayan a aplazar. «No hay modificación posible, el decreto ley es el que es», zanjó.

Pese a la polémica que ha rodeado en los últimos días la aplicación del decreto -derivado de un compromiso con Bruselas-, el encuentro se desarrolló de forma «cordial». Los más combativos fueron los representantes de Murcia, Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla y León, territorios gobernados por el PP. Reclamaron, en concreto, la retirada del capítulo uno del título quinto del decreto, que recoge las limitaciones de temperatura o el apagado de escaparates a partir de las 22 horas. Aunque acabaron reconociendo que no les quedará más remedio que cumplir con la norma, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en anunciar que llevará este paquete de medidas ante el Tribunal Constitucional.

Para el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, las medidas «debidamente leídas y entendidas» suponen un esfuerzo «moderado», dotado de flexibilidad, ya que recogen excepciones que permiten salir de la norma general. Además, fue especialmente duro con los populares por «la polvareda que han levantado» y a los que acusó de iniciar «una caza de brujas», además de «sacar de quicio» las medidas y plantearlas «de forma caricaturesca». Así, defendió que el alumbrado público es el que garantiza la iluminación y no los escaparates o que la legislación laboral evitará condiciones de trabajo insalubres, como se ha acusado.

Asimismo, justificó la premura del decreto por la necesidad de «ganar días» para «evitar males mayores» y que familias e industria no sufran consecuencias «draconianas» debido «al chantaje» que está realizando Rusia con el gas, ya que «se antoja un otoño e invierno complicados». En este sentido, abogó por dar «un pequeño paso atrás en el confort» con el objetivo de prevenir consecuencias más negativas. El Principado, de hecho, ya elabora con sus distintos departamentos un catálogo de especificidades; mientras que hoy la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, participa en una reunión telemática de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de afinar las medidas.

No obstante, no solo los populares criticaron el plan. El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat catalana, Albert Castellanos, calificó la convocatoria de «una pérdida de tiempo» y la consejera de Desarrollo Económico vasca, Arantxa Tapia, pidió «más flexibilidad».

Tras más de tres horas de reunión, la vicepresidenta tercera, que estuvo acompañada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, reconoció la existencia de dudas por la aplicación de la norma en pequeños comercios y locales de hostelería, que podrían tener dificultades para cumplir, y también por el régimen sancionador. Pero insistió en que el decreto cuenta con la suficiente «flexibilidad» para que acabe imperando el sentido común. «A pesar de las mentiras vertidas, el decreto recoge que la salud laboral está por encima del uso del termostato, no es lo mismo un trabajo sedentario que otro que implica movimiento o calor, como los hornos», afirmó.

Sin embargo, la cuestión del régimen sancionador no debería ser, por pura definición, flexible. Algunos consejeros del PP auguraban ayer que muchas administraciones públicas sin cuerpo policial propio tendrán problemas en su capacidad para vigilar el cumplimiento del decreto o imponer sanciones, como ocurre en municipios pequeños.

El consejero de Industria asturiano, sin embargo, negó que se vaya a criminalizar o perseguir a los incumplidores, pues «lo realmente importante es que toda la ciudadanía se convenza de que hay que empezar a ahorrar energía» e hizo hincapié en las ayudas que hay sobre la mesa para mejorar la eficiencia energética. «En Asturias ya se han desplegado 42 millones», apuntó.

Sobre las críticas de «improvisación» formuladas desde el PP o el PNV, Ribera zanjó que «improvisa el que habla antes de leerse el decreto», en referencia a las quejas por la «falta de definición» en su redacción en el BOE, que la vicepresidenta tercera negó. También calificó como «descorazonadores» los ataques al decreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y consideró que «la falta de unidad» en esta cuestión «le hace el juego a Vladímir Putin».

Más combativa se mostró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que avisó de que el Gobierno «no tolerará ninguna insumisión» y pidió al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «que, aunque le cueste, imponga su voz en el partido», en relación a Ayuso.