Podemos anuncia un ERE y cerrará su sede en Asturias despidiendo a sus siete trabajadores

Esa pérdida de representatividad priva a la formación de una parte importante de sus ingresos y, en consecuencia, se dispone a ajustar los gastos. Con fecha de 24 de julio la formación remitió una carta a sus trabajadores anticipando el cierre de sedes autonómicas en nueve comunicades (Asturias incluida) y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En Asturias el documento señala que son siete los trabajadores en nómina que pueden verse afectados.

En la carta la dirección asume «un nuevo escenario» tras los últimos comicios. «El descenso de diputados, diputadas y votos resultantes de estas últimas elecciones generales y la desaparcición, total o parcial, de ingresos derivados de la representación institucional en las autonomías de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia» obliga a la organización a una «profunda reorganización».

El descenso previsto en ingresos se cifra en un 70% en el ámbito estatal y «una media aproximada del 90%» en las comunidades autónomas. «Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo, y en el Estatal, una reducción de la plantilla».

«Nos falta información para calibrar la medida», explica Fran Suárez, abogado laboralista que asesora al representante de los trabajadores de Podemos en Asturias. «Para empezar, según nuestros datos en Asturias solo quedarían cinco trabajadores. Además la sede que había en la calle Cabo Noval se cerró hace más de dos meses, por lo que no sabemos cuál plantean clausurar», indica.

«No somos ajenos a la situación de pérdida de ingresos, pero queremos conocer la documentación que nos tienen que aportar, en una reunión el miércoles, para ver si lo que se pretende es una medida justa o vaciar las estructuras de los territorios menos afines a Ione Belarra», considera Fran Suárez.

En Asturias la organización lleva dos años con bandos enfrentados. El último presupuesto publicado del Consejo Ciudadano, para el ejercicio 2021, hacía una previsión de ingresos y gastos en los 410.000 euros, indicando que se había logrado «ahorrar el dinero necesario para la campaña electoral de 2023, con dos años de antelación» y que la organización «no tiene deudas».

El documento indicaba que los diputados autonómicos hacían una donación al partido a nivel estatal y en ese ejercicio un 85% de ese dinero era devuelto a la organización asturiana. Eran siete las personas en plantilla.

Las primarias internas apearon a Daniel Ripa de la coordinación en favor de Sofía Castañón. La nueva dirección tuvo como una de sus señas de identidad la apertura de sedes en los concejos, entre otras, en Gijón, Llanes y Langreo. Luego, a la hora de preparar las elecciones autonómicas volvieron las hostilidades en relación a la tesorería. Las primarias para configurar la lista situaron encabezándola a Covadonga Tomé, afín a Ripa. En marzo el Consejo Ciudadano acordó un presupuesto de 109.000 euros para financiar la campaña; el grupo de Tomé decía que había dejado ahorrados 200.000, mientras desde la dirección se defendió que ante la prespectiva de malos resultados tocaba ahorrar para asegurar la supervivencia del partido.