Ocho detenidos por supuestas irregularidades en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria

Más de 60 agentes participan en un operativo que está impulsado desde hace un año por la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, y que ha arrancado antes de las seis de la mañana de este miércoles con la realización de varios registros en domicilios y empresas de cuatro municipios (Santander, Piélagos, Torrelavega y Reocín), así como en la sede de la Consejería de Obras Públicas.

Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, este periódico ha podido confirmar que los agentes han detenido esta mañana a un jefe de servicio de Obras Públicas, en concreto, del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que tenía en su domicilio 400.000 euros. Aunque aún no han trascendido los cargos que se le imputan, sí se sabe que la investigación surge después de que la Agencia Tributaria detectara un importante incremento en el patrimonio de este funcionario, que es ingeniero de caminos. Al parecer, el detenido, que tiene intervenidos los teléfonos, tiró ayer unos papeles a un contenedor que los agentes están recuperando.

Además del registro realizado en el domicilio de este funcionario, los agentes se han personado esta mañana en la sede de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, donde han precintado hasta cuatro despachos de la quinta planta de la sede de la Consejería, que están situados en el ala sur, donde se encuentran diferentes proyectos, memorias y expedientes de contratación. Todo ello a la espera de que se personase una comisión judicial para realizar un registro, que ha hechos acto de presencia a mediodía.

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha comparecido a media mañana ante los medios de comunicación para asegurar que «si existe cualquier irregularidad en los contratos nos personaremos como perjudicados. Pero es que no tenemos absolutamente ni idea de la investigación en estos momentos«. Respecto al funcionario detenido, ha explicado que esta mañana ha llamado a la Consejería para informar que no iba a a acudir a su puesto de trabajo por »motivos personales«. Además, ha detallado que el servicio de mantenimiento de carreteras tiene un centenar de trabajadores y 16 millones de euros de presupuesto anual.

El operativo puesto en marcha por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander también se ha centrado en la inspección de tres empresas cántabras. Una de ellas es Rucecan, una empresa constructora con sede en Torrelavega y fundada en el año 2000, que se dedica a la ejecución de diferentes obras de carácter público. Una docena de agentes de Policía y de la Agencia Tributaria se han personado en la sede cerca de las 11.30 horas y unos veinte minutos más tarde, los propietarios de la empresa han abierto la puerta de la sede a los efectivos, algunos de los cuales han accedido con cajas de cartón vacías.

En las últimas semanas, la compañía se ha hecho con varios contratos en diferentes puntos de Cantabria: la urbanización de las calles Bonifaz y Marina del Castillo de San Vicente de la Barquera (300.000 euros); la construcción de la pasarela sobre el río Besaya, en Cartes (407.309 euros); una renovación del pavimento en El Sardinero, en Santander (1,7 millones); la creación de futuro centro social de Polanco (331.000 euros); o la renovación de la calle Julián Ceballos de Torrelavega (1,5 millones), según informa Javier Gangoiti desde la capital del Besaya.

La segunda empresa intervenida por los agentes es La Encina (Puente Arce), dedicada a la construcción y mantenimiento de jardines, y la venta al público de todo tipo de productos para el jardín. Y la tercera es Api Movilidad (Polígono de Raos), dedicada a la realización de obras y suministros, la prestación de servicios en ordena a la construcción, conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o cualquier obra pública o privada.