El Gobierno impulsará las exhumaciones y estudiará ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha avanzado esta reforma al comparecer en el Congreso para presentar las planes de su departamento, que se ha dotado con una Dirección General de Memoria Histórica para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas e impulsar la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

Según ha señalado, la reforma de la ley de 2007 implicará también crear una «comisión de la verdad» y establecerá un procedimiento por el que quienes vieron sus bienes incautados durante el franquismo podrán solicitar una compensación pecuniaria.

Se prevé además dar un nuevo significado al Valle de los Caídos trasladando los restos de Francisco Franco, retirar la simbología de exaltación de la guerra y el franquismo con sanciones para quien lo incumpla, reforzar el acceso archivos y reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.

Delgado ha considerado «inaceptable» que «España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya» y ha explicado que la dirección general establecerá planes de búsqueda y publicará los datos de exhumaciones y un censo oficial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

«No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento», ha asegurado.

Junto a esa reforma, ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar la justicia universal y revisarla «conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental».

Delgado ha apostado por que se recupere la legislación que regía entre 1985 y 2009; en ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la ley para que sólo pudieran enjuiciarse los casos con víctimas o presuntos criminales españoles y en 2014 el Ejecutivo del PP la limitó a los casos en los que los criminales tuvieran nacionalidad española.

Para esta reforma se contará con un grupo de expertos y la ministra se ha comprometido a presentar sus conclusiones en el Congreso antes de fin de año.

Delgado ha defendido también una justicia con perspectiva de género, ha prometido más formación para todos los operadores jurídicos y ha dicho que se estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género, lo que les permitiría contar asistencia jurídica gratuita, asesoramiento y acompañamiento.

«Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad de los integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente», ha subrayado Delgado al referirse a las multitudinarias manifestaciones del pasado 8 de marzo tras la polémica sentencia de La Manada.

Ha recordado que expertos juristas están revisando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una perspectiva de género, entre otras leyes, pero no ha querido precisar si una eventual reforma vinculará los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso, como propuso ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

Según ha explicado, se están teniendo en cuenta los estudios doctrinales, a los operadores jurídicos y también el derecho comparado, como la ley sueca.

La ministra ha hecho asimismo referencia a las protestas de jueces y fiscales y se ha comprometido a crear una comisión interdisciplinar para «reconstruir los puentes que jamás debieron romperse».

De entre sus reivindicaciones, ha avanzado su intención de derogar el límite temporal a los plazos de instrucción penal que aprobó el anterior Gobierno, que no ha logrado agilizar los procedimientos, pero ha descartado que los jueces puedan elegir a los vocales de extracción judicial del CGPJ.

Su intención es mantener el sistema de elección de esos vocales -por las Cortes- y del fiscal general del Estado -que propone el Gobierno-, aunque ha prometido transparencia y participación de los ciudadanos en el proceso.

Para acercar la justicia a la sociedad, la ministra ha dicho que se intentará impulsar la mediación y ha avanzado que se cambiará la legislación civil para que se respete la voluntad y las preferencias de las personas discapacitadas como regla general a la hora de tomar sus propias decisiones.

En materia de lucha contra la corrupción, Delgado ha considerado que es «imprescindible» contar con una nueva ley de protección de testigos y denunciantes para frenar el aumento de intimidaciones o el miedo a sufrir represalias.

La titular de Justicia ha avanzado asimismo que estudia la creación de un Observatorio sobre Terrorismo dedicado a «la prevención y desintoxicación ideológica».