Sánchez acepta rendir cuentas por la alarma pero no cede en la duración de seis meses

El primer gesto del presidente del Gobierno, en realidad, no logró conmover en exceso a sus aliados. Sánchez aprovechó su cara a cara con Pablo Casado durante la sesión de control que el Parlamento celebra cada miércoles para poner sobre la mesa el compromiso de que, aunque este jueves se apruebe la prórroga de medio año, el asunto será sometido a la deliberación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan el ministerio y los consejeros autonómicos, dentro de cuatro meses, el 9 de marzo. «Si entonces el Consejo Interterritorial estipula que ya no es necesario el estado de alarma -prometió- el Gobierno lo levantará».

La oferta no atajaba en todo caso el que, para todos los partidos, era el principal problema del plan gubernamental: la falta de control parlamentario de una medida que el ordenamiento jurídico reserva para casos de extrema excepcionalidad porque afecta a derechos fundamentales como la libertad de reunión y de movimiento. Pero finalmente los socialistas aceptaron una solución intermedia propuesta por ERC: la prórroga no se volverá a someter a votación en el próximo semestre, lo que ahorra al Gobierno, como quería, el desgaste de tener que volver a negociar con los grupos, pero Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre su aplicación ante la Cámara baja cada dos meses; una exigencia que se añade a la comparecencia mensual, ya prevista, del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En principio, el 'sí' de Esquerra allana el camino del Ejecutivo, que ya se había garantizado el apoyo del PNV y de los cuatro diputados del PDeCat. La suma de esos votos supera la mayoría absoluta, cuando solo es necesaria la mayoría simple. Otras fuerzas parlamentarias, desde Ciudadanos a Bildu, pasando por Más País o Compromís, mantienen vivas sus enmiendas al real decreto pero es poco probable que opten por el voto en contra. Cs, por ejemplo, reclama que la prórroga del estado de alarma alcance tan solo tres meses y que Sánchez comparezca al menos una vez al mes para dar cuenta de la evolución de la pandemia, pero además reprocha al presidente del Gobierno que «derive responsabilidades» a las comunidades autónomas; Más País y Compromís también quieren que las comparecencias de Sánchez sean mensuales y Bildu reclama que se amplíen las medidas económicas y sociales ya puestas en marcha para paliar los efectos de la covid-19. Todas estas propuestas serán sometidas este jueves a votación.

Lo que está ya descartado es el acuerdo con el PP. El principal partido de la oposición considera que las concesiones del Gobierno son muy insuficientes y que la prórroga del estado de alarma no debería superar los dos meses tanto por una cuestión de seguridad jurídica como por razones económicas e incluso anímicas. «Hay que salvar la campaña de Navidad», insistió este miércoles Casado. El argumento del Ejecutivo de que sólo está estableciendo un marco que las comunidades autónomas podrán luego modular en función de sus propias necesidades y de que son en todo caso los presidentes autonómicos quienes deben rendir cuentas ante sus parlamentos no les resulta admisible.

Los populares, que la semana pasada aprovecharon la moción de censura de Vox para marcar distancias respecto al partido de Santiago Abascal e imprimir un giro hacia la moderación, han hecho lo posible por escenificar que no deseaban impedir sin más una nueva declaración del estado de alarma. A pesar de echar en cara al Gobierno que no haya puesto en marcha la reforma legislativa prometida para evitarlo (la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró el pasado mayo que se buscaría la forma para, si era preciso en un futuro, poder tomar medidas de confinamiento y aislamiento sin recurrir al artículo 116 de la Constitución), Casado se mostró dispuesto a dar su visto bueno a una prórroga del real decreto gubernamental de ocho semanas durante las cuales reclamaba reformar la ley de medidas especiales en materia de salud pública. Pero el Ejecutivo, amparado en un dictamen del Consejo de Estado, alega ahora que no ve encaje constitucional a que una ley ordinaria restrinja derechos básicos. Los populares confirmaron a última hora de este miércoles su intención de abstenerse.