«Subir las ayudas por CO2 y el estatuto eléctrico sería una respuesta útil y legal»

El resultado de la subasta de interrumpibilidad cayó ayer como un jarro de agua fría en Asturias. ArcelorMittal y AZSA, dos de las empresas que más electricidad consumen en la región, se fueron de vacío de un proceso pensado para pagar a las empresas por ceder su consumo eléctrico al Estado en caso de emergencia, y que sirve además para compensar los altos costes que pagan por la energía. El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió durante la entrevista que el periodista Juan Neira le hizo ayer en el programa 'La Lupa' de Canal 10 la que, a su juicio, podría ser una buena fórmula para sustituir un procedimiento que «la Unión Europea dijo hace años que no era legal. Si tenemos que devolver el dinero sí que habrá problemas». No obstante, reconoció que «esta última subasta eléctrica, autorizada por la UE, no nos sirve» debido a las bajas cuantías que se repartieron.

Barbón, que ha discutido este asunto con diversas empresas electrointensivas asentadas en Asturias, defiende un planteamiento que sostiene sobre varias patas. La primera, aumentar las ayudas por los costes indirectos por CO2 que reciben estas empresas y que compensan los incrementos del precio de la energía que las compañías energéticas cargan a sus clientes por la compra de derechos de emisión.

Estas ayudas se calculan en función del volumen de ventas de derechos de emisiones del ejercicio anterior. Con el precio de la tonelada de CO2 disparado, la previsión es que el límite de ayudas se incremente de forma notable. Junto a la elevación de este listón, que este año ya pasó de los 81 a los 172 millones tras una negociación en la que participó el Principado, el Gobierno regional reclama también la modificación del factor de corrección que se aplica a España, y que es mayor que el que disfrutan Francia o Alemania. «Claro que estamos preocupados por la situación de la industria», destacó Barbón, que añade a la lista de peticiones la aprobación del estatuto de las electrointensivas como fórmula para dotar de un marco estable y competitivo a la energía eléctrica que consumen las grandes industrias. «Subir las ayudas por los costes indirectos de CO2 y el estatuto de las industrias electrointensivas sería una buena respuesta, útil y legal».

Adrián Barbón, consciente de que las soluciones a los principales problemas de la gran industria no llegarán de Asturias, añadió una tercera pata a la estrategia que plantea: la puesta en marcha del arancel ambiental. Las empresas radicadas en Asturias tienen que hacer frente, de forma directa e indirecta, a numerosos costes ambientales y procesos de restructuración derivados de las condiciones que impone la Unión Europea. Y todos esos condicionantes suponen una merma de su competitividad frente a aquellos que producen en países como Rusia, China o Turquía, donde no tienen que asumir esos costes. La reclamación del Gobierno asturiano se basa entonces en que se aplique un arancel a aquellos productos que entren en la UE y que hayan sido producidos bajo unos estándares en los que no se aplica una regulación ambiental como la europea. «Queremos que contaminar no salga gratis».

Esta última medida pasa por un acuerdo de la Unión Europea al que países como Alemania son muy reticentes. No obstante, el Principado espera que se pueda llegar a implantar a la mayor brevedad y que sirva para dar un poco de aire a una gran industria que en los últimos años no deja de recibir malas noticias. «Para bien y para mal, formamos parte de la Unión Europea».