El Oviedo dice adiós al convenio de acreedores

En el verano de 2003 el Oviedo descendía deportivamente a Segunda B y unas semanas más tarde caía a Tercera División en los despachos. Con cerca de 42 millones de euros de deuda la desaparición se aparecía como el escenario más lógico para el club. La respuesta de la afición y el trabajo de un grupo directivo encabezado por Manuel Lafuente permitió al club salir a competir e iniciar un camino en busca de la salvación cuya herramienta fundamental era la suspensión de pagos.

Lo primero fue cerrar el acuerdo con los acreedores privilegiados, Hacienda y Seguridad Social. La deuda con ellos ascendía a 15 millones de euros y se estableció un calendario de pagos con unas cantidades que variaban en función de la categoría en la que militase el equipo. Ese acuerdo permitió abrir la vía para buscar el segundo y que parecía más complejo.

El Oviedo debía cerca de 27 millones de euros a una lista interminable de acreedores privados en los que había clubes de fútbol, jugadores, empresas de todo tipo... Convencerlos de que la sociedad tenía futuro y que podían recuperar una parte de su deuda fue un trabajo complejo, peo que se acabó sacando adelante gracias a un acuerdo novedoso: El Oviedo entregaría un porcentaje de cada traspaso que hiciese. El acuerdo se firmó y el club pudo seguir adelante.

La letra pequeña del acuerdo recogía que el Oviedo estaba obligado a entregar el 50% de cualquier traspaso que se hiciese por un importe entre 1 y 3 millones de euros. Si la venta se cerraba entre los 3 y los 6 millones el porcentaje bajaba al 30% y por encima de los 6 millones entregaría el 20%. Desde 2003 hasta hoy, el club azul no cerró ninguna venta y a partir de ahora es probable que empiece a cerrar operaciones, con Samuel Obeng y Abel Bretones en la rampa de salida.

El acuerdo también recogía una serie de garantías en forma de comisión de seguimiento. En ella figuraban el Betis, como principal acreedor privado; el notario José María Moutas; Toni Fidalgo, en aquel momento adjunto a la presidencia de la LFP; y Celestino Suárez Viñuela, como administrador concursal del proceso. En sus funciones estaba supervisar el pago a los acreedores, ratificar los traspasos que propusiese el Oviedo e incluso obligar al club a vender jugadores fijando un máximo de tres futbolistas por temporada.

Al frente del club, como presidente, se encontraba Manuel Lafuente. El profesor universitario había dado un paso al frente en el verano de 2002, cuando el club estaba descabezado por la marcha del consejo que había presidido Eugenio Prieto y, tras el descenso a Segunda B, le tocó lidiar con una situación endiablada. Una vez confirmada la caída a Tercera, la suspensión de pagos era obligatoria y había que buscar la fórmula para que saliese adelante. 20 años después, Lafuente recuerda que la idea no fue suya: «El diseño del acuerdo, no me duelen prendas en reconocerlo, fue de Celso González». Lo siguiente y fue su tarea era trasladar la prouesta a todos los implicados y empezó sin mucha fe: «Ni yo mismo creía que se pudiese aceptar esta propuesta de convenio». La realidad fue cambiando la forma de verlo: «Poco a poco y hablando con todos y cada uno de los acreedores vi que calaba y no es que tuviesen mucha fe pero alguna tenían».

Ahora, que el plazo expira, Lafuente entiende que dejar atrás esa losa de saber que no todos los ingresos van a terminar en las arcas del club es vital: «El Oviedo se ha liberado de una carga muy importante desde el punto de vista psicológico».

El proceso que terminó con la salvación del Oviedo tuvo su rostro, pero él reparte los méritos: «Fue mucha gente la que peló por conseguir lo que se consiguió y sin el empuje de la enorme afición hubiese sido imposible».