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María Luisa Carcedo, impulsora de la iniciativa, recibe el aplauso del Congreso tras aprobarse la ley. E. C.

El Congreso de los Diputados despenaliza la eutanasia, que se podrá aplicar en tres meses

La ley sale adelante con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, mientras Vox afirma: «La derogaremos»

IKER CORTÉS

MADRID.

Viernes, 19 de marzo 2021, 03:40

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España se convirtió ayer en el sexto país del mundo que despenaliza la eutanasia. El Congreso de los Diputados dio luz verde a la nueva normativa con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Un aplauso clamoroso celebró la votación en el hemiciclo, al tiempo que los diputados de Vox mostraban pancartas y pantallas donde se podía leer: «La derogaremos». Fueron amonestados por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que les recordó que su uso está prohibido en la Cámara Baja.

España se une así a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia -Portugal validó la norma en enero, aunque la Corte Constitucional pidió revisar la ley antes de promulgarla- y permitirá ayudar a morir a un paciente incurable para evitar su sufrimiento. La legislación, que entrará en vigor en junio tras una moratoria de tres meses, responde a una creciente demanda social a la que ayer se puso fin, al menos de momento, tras un último debate en el Congreso.

La ley autoriza no solo la eutanasia, en la que el personal médico administra la sustancia mortal, sino también el suicidio asistido, en el que es la propia persona la que se encarga de tomar la dosis prescrita, así como la llamada eutanasia pasiva, que es la interrupción de tratamientos médicos para mantener la vida. La iniciativa busca permitir a toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» solicitar ayuda para morir y evitar «un sufrimiento intolerable».

Pero uno de los aspectos en los que se ha hecho mucho hincapié es que se trata de una ley «garantista». Es decir, se imponen estrictas condiciones para solicitar la medida como que la persona sea «capaz y consciente» al hacer la petición. Esta debe formularse por escrito, «sin presión externa», y ser repetida quince días más tarde. El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir el visto bueno de una Comisión de Evaluación. Cualquier profesional de la salud puede alegar «objeción de conciencia» para negarse a participar en el procedimiento, que pasará a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Ayer, la temperatura del debate subía con dos intervenciones, la de la parlamentaria de Vox Lourdes Méndez Monasterio y la del parlamentario del PP José Ignacio Echániz. La primera aseguró que se «consuma el plan del Gobierno de implantar la cultura del descarte y la muerte». Insistía en que se ha hecho caso omiso al Comité de Bioética y a los expertos jurídicos, que advierten de que la norma «va contra la Constitución». Finalizaba su intervención anunciando que presentarán un recurso ante el Constitucional.Para el segundo, la ley es «un paradigma de cómo no debe legislarse». A su juicio la nueva norma «discrimina y estigmatiza». «La eutanasia -dijo- no se solicita desde la libertad sino desde la falta de plenas facultades, desde la dependencia», afirmaba quien vaticinó un «efecto llamada».

Carcedo, protagonista

No dudó en responderle la asturiana María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad del Grupo Socialista, recordando a los populares que «por tres veces» impidieron que la ley de cuidados paliativos saliera adelante. «Ustedes recortaron 12.000 millones en el Sistema Nacional de Salud y 4.600 en dependencia para que vengan ahora a hablar de esto», agregó. Carcedo utilizó su turno de intervención para dar voz a muchas de las reflexiones de quienes han luchado durante años por que se regularizara la eutanasia. Habló de Maribel Tellaetxe, la mujer enferma de alzhéimer que «prefirió sufrir durante años para evitar las consecuencias penales a su familia», y de Ángel Hernández, que ayudó a morir a María José Carrasco, «para acabar acusado de violencia de género». «Esta ley establece que la persona decida con libertad cuándo hace uso de este nuevo derecho. Una libertad para decidir, no para mantener los privilegios, que es el eslogan de la derecha». Por su parte, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, concluía más tarde: «En días como hoy merece la pena todo».

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