De 6 declaraciones de impacto al año a 120 en dos meses

El siguiente paso fue la aprobación de un Plan Sectorial Eólico, el primero de España, -«que salió adelante con el respaldo de todos», apostilla José Manuel Pazo-, que establecía dónde se podían poner molinos hasta una potencia instalada de 6.500 MW. El bipartito (PSOE-Bloque, 2005-2009) convocó un concurso orientado a que la mayoría de los componentes se fabricaran allí y a que los proyectos tuvieran participación pública. La región, bendecida por los vientos del Atlántico, no tardó en liderar esta industria en España, situación que se prolongó hasta la crisis de 2008 cuando, con el PP de vuelta en el poder, los planes se paralizaron y pasaron a tomar la delantera comunidades como Castilla-León o Aragón.

La potencia instalada ronda ahora los 4.000 MW, 2.500 por debajo del máximo permitido. Y es ese margen el que alimenta el boom de las renovables. La necesidad de atajar las emisiones de CO2 para paliar el efecto invernadero y la de ser energéticamente autosuficientes tras lo ocurrido en Ucrania han desempolvado planes que llevaban años en un cajón. La mecha encendida por el Gobierno al marcar el 25 de enero como fecha tope para presentar estudios de impacto, so pena de perder derechos de acceso y conexión, ha abierto una carrera por unas autorizaciones que ha sacudido el rural gallego. Pazo lo resume en una frase: «Si antes se presentaban 5 o 6 declaraciones de impacto al año, se ha pasado a 120 en sólo dos meses».