Asturias estrena la Ley de Eutanasia sin la comisión que decidirá sobre las peticiones
El Principado aún está tramitando la creación del organismo clave para aplicar la prestación, del que formarán parte un mínimo de siete expertos
Este viernes es uno de esos días para la historia y el recuerdo de personas como el ingeniero gijonés Fernando Cuesta, obligado ... a viajar a Suiza para tener una muerte digna, porque entra en vigor la Ley de Eutanasia, aprobada en marzo después de tres décadas de dudas y vaivenes y que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». Una ley que convertirá a España en el quinto país del mundo que contempla la eutanasia como un derecho. Pero, aunque sobre el papel hoy es también un día para el futuro de miles de personas que respaldan esta opción (el 72% según el CIS), todavía quedan flecos pendientes en la norma que regula la prestación de ayuda para morir.
En el caso de Asturias, por ejemplo, aún se encuentra en tramitación el decreto por el que se establece la Comisión de Garantía y Evaluación del Principado (además de crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia), un órgano que operará en cada una de las comunidades y que tendrá la última palabra a la hora de dar luz verde a las solicitudes.
Según la propuesta asturiana –que esta medianoche cerró la fase de alegaciones–, ese órgano estará compuesto por un número mínimo de siete miembros –y, en su caso, suplentes– «e incluirá necesariamente personal de medicina, enfermería y juristas» designado por el consejero de Salud por un periodo de cuatro años. Integrantes «que serán susceptibles de un único nuevo nombramiento para otro periodo de cuatro años».
Así que, con esa comisión todavía sin constituir, será imposible, por el momento, iniciar un proceso que arranca con la solicitud por parte del paciente, tras la cual el médico responsable le informará sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Y, tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.
Una decena de peticiones en Asturias al mes
La Ley de Eutanasia nace rodeada de controversia porque los obispos españoles pretenden que los hospitales y residencias bajo su mando sean «zonas libres de eutanasia». «Que podamos decir que estamos en una zona libre de una muerte provocada, porque provocar la muerte no puede ser nunca una referencia social para solucionar los problemas ni el sufrimiento», aseguró ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien consideró una «mala noticia» la entrada en vigor de la ley.
Tanto la Conferencia Episcopal y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), detractora y defensora de la iniciativa, coinciden, eso sí, en que se no producirá un alud de peticiones. A lo sumo, en DMD creen que, cuando la norma esté funcionando con normalidad, en un año se contabilizarán 4.000 solicitudes en todo el país, mientras que en Asturias calculan que las peticiones pueden ser una decena al mes.
El PP, por su parte, anunció que va a recurrir la ley que se estrena hoy al entender que vulnera el artículo 15 de la Constitución, el que consagra el derecho a la vida. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional rechazó el miércoles la suspensión cautelar de la norma que pedía Vox.
Aún así, después deberá haber una nueva reunión entre ambos y será este médico quien autorizará el proceso, pero, antes, tendrá que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» que no sea de su «mismo equipo del médico». Ahí es donde entra en juego la comisión de evaluación autonómica, que deberá elegir a dos expertos (uno de ellos, jurista) que evalúen el caso. Yambos deben estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome.
Y, «aunque lo ideal sería que ya estuviese funcionando con sus miembros designados, como ya ocurre en otras comunidades», la portavoz de Derecho a Morir Dignamente en Asturias, Noelia Ordieres, confía en que «esté a punto de crearse» y advierte de que estarán vigilantes «para que no haya un exceso de burocracia y los plazos previstos en la ley se cumplan». El ministerio, por su parte, acaba de aprobar el 'Protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho' y tiene en la carpeta de 'pendientes' un 'Manual de buenas prácticas' todavía en fase de revisión.
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