Cuatro de cada diez españoles que necesitan tratamiento psicológico no lo reciben

Los españoles con problemas psicológicos, una cifra que ha multiplicado el brutal impacto de la pandemia, son diagnosticados y tratados tarde y, en muchas ocasiones, o no reciben psicoterapia o lo hacen con una frecuencia e intensidad insuficiente, pese a ser el tratamiento clave frente a las principales dolencias que les aquejan, como son la ansiedad o la depresión.

Es la consecuencia de un cóctel de factores derivado del abandono histórico de la atención a estas enfermedades, sobre todo en algunas autonomías y en el ámbito rural. El análisis denuncia una inversión pública en salud mental «claramente insuficiente» y alejada de las recomendaciones internacionales. Se refleja en una tasa que no llega a diez psiquiatras por 100.000 habitantes, la mitad que la de Bélgica y Holanda y muy inferior a la de vecinos como Francia o Grecia, y en la escasez indeterminada de psicólogos clínicos o enfermeras especializadas, que ni siquiera se puede tasar porque no hay cifras oficiales. La endeblez de recursos es aún mayor en comunidades como Murcia, Valencia o Extremadura, con tasas de psiquiatras de la mitad que el resto, y con el riesgo, alertan los expertos, de que se cronifique la desatención si no actúan ya y con energía.

A esta falta de presupuesto y recursos se une una deficiente estructura, que olvida el papel clave que los centros de salud, ambulatorios y servicios sociales podrían jugar en la prevención, la detección precoz y tratamiento de los primeros síntomas, y hacen descansar toda la atención en el área hospitalaria y sus consultas externas, que termina saturado (en muchas zonas colapsado) por el exceso de pacientes y la escasez de profesionales y por la gravedad de unas patologías ya avanzadas, a las que se llega casi siempre tarde. El resultado son puertas de urgencias superadas, muchas semanas o meses para una primera consulta y demasiados meses entre sesiones de terapia.

Cuando el camino lógico se atasca aparecen los atajos. La química como solución a la falta de atención especializada. España está en la cúspide de los países de la UE que más antidepresivos, sedantes o ansiolíticos consumen sus ciudadanos. El 34,4% de las españolas y el 17,8% de los españoles tomaron al menos un caja de estos fármacos en el último año.

Los problemas de salud mental alcanzaban al final de la década pasada a más de uno de cada cuatro españoles (27,4%), porcentaje en la actualidad superado por la avalancha de casos que se agravaron o surgieron en la pandemia. La incidencia no es uniforme en toda la población, con mayor afectación entre los pensionistas, pobres y desempleados y con un notable repunte entre jóvenes. Tampoco es una realidad homogénea en todo el país. Autonomías como Canarias, Comunidad Valenciana o Baleares superan el 40% de población con problemas psicológicos y otras, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, se mueven entre el 9% y el 15%.

En cualquier caso, los autores del informe avisan a las administraciones públicas que reaccionen lo antes posible porque en solo siete años, para 2030, se calcula que los trastornos de salud mental serán ya la principal causa de discapacidad entre la población, el factor que cause mayor pérdida de años de vida saludable. De hecho, esto ya ocurre en la actualidad entre los jóvenes de 15 a 24 años, que tienen a las dolencias psicológicas como principal mal incapacitante.

El análisis técnico de ISGlobal es la base sobre la que las organizaciones que forman el Consejo Asesor Social de los Colegios de Farmacéuticos, las principales entidades españolas de acción social y lucha contra la pobreza y en favor de la infancia, de padres de alumnos, de pacientes o de discapacitados, han suscrito un plan de acción urgente de salud mental que reclaman a las autoridades.

El listado parte de la exigencia de más presupuesto propio y del aumento de profesionales en la red de salud mental -con especial apoyo a las autonomías y zonas más desatendidas- y subraya la urgencia de sumar a la atención primaria a la prevención, detección precoz y tratamiento inicial de los síntomas de problemas psicológicos, así como de implicar entre los agentes detectores a servicios sociales, farmacias, escuelas o centros de trabajo.

Consideran imprescindible crear todo un sistema de coordinación, información y derivaciones entre los consultorios, centros de salud y los centros de salud mental y hospitales (para personalizar la atención al paciente y mejorar la eficacia), incorporar la salud digital al sistema (telemedicina, inteligencia artificial, historias clínicas electrónicas), crear sistemas de información y evaluación(para conocer la realidad de la salud mental española y saber qué estrategias funcionan y cuáles no), aumentar la formación en salud mental a todos los sanitarios, y centrar el foco de la prevención y la atención en los colectivos más vulnerables (jóvenes, mayores de 60 y personas dependientes).