Los pacientes de salud mental exigen el fin de los ingresos y tratamientos forzados

La confederación hizo esta reclamación tras la presentación pública de un informe jurídico sobre la atención sociosanitaria a los pacientes de salud mental en España elaborado por expertos de la Universidad Carlos III de Madrid. El documento concluye que prácticas habituales como los ingresos y tratamientos involuntarios, además de atentar contra los derechos humanos, violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España firmó en 2008 y que es vinculante. El tratado es de obligado cumplimiento para todos los poderes e instituciones españolas.

La organización de pacientes, en consecuencia, pide que se aborden de inmediato las reformas legales necesarias para evitar que los procedimientos forzados sean un automatismo y que, muy al contrario, se conviertan en la excepción, una vez agotados todos los cauces para que los enfermos puedan decidir cómo quieren ser tratados en su entorno sanitario y de cuidados.

Los expertos juristas y los enfermos piden en primer lugar la supresión del punto del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite el internamiento no voluntario en casos de «trastorno psíquico». Exigen que el internamiento forzoso solo sea posible en casos de urgencia vital y cuando la persona no se encuentre en situación de poder expresar su consentimiento por ningún modo, medio o formato y, además, el sistema de apoyos del que disponga (familiares, allegados, cuidadores) también resultase ineficaz. Por urgencia vital entienden, concretan los expertos, una situación excepcional o extraordinaria y puntual de los ciudadanos que puede requerir de una actuación inmediata por implicar riesgo inminente para su vida o integridad personal.

En estos pocos casos justificados de internamiento obligado, aclaran, solo se podrán adoptar los tratamientos necesarios para mantener a salvo la vida o integridad personal, priorizando las medidas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades de la persona, y siempre que se espere que la medida será eficaz y, sobre todo, proporcional.

La segunda prohibición que piden es la de los actos que consideran más sangrantes. Todo el capítulo de las prácticas coercitivas en el ámbito sanitario, expresamente prohibidas por la convención firmada por España. Quieren desterrar todos los mecanismos de contención de los pacientes, sean físicos, farmacológicos o ataduras. «Defendemos que ante la coerción siempre hay alternativa y que los tratamientos no pueden convertirse en procesos de tortura, vejación o castigo», aseguró el presidente de la confederación, Nel González Zapico. «Son un trato vejatorio y salvaje» cuando a lo que vas al centro es «para que te cuiden y a curarte», denunció Contxi García de Marina, una paciente catalana.

De igual manera, enfermos y juristas piden el fin de los aislamientos hospitalarios -que restringen movimientos o comunicaciones-, de la aplicación de tratamientos irreversibles, del uso de cualquier procedimiento y medicación o de la inclusión en investigaciones sin el consentimiento informado del interesado, y de la aplicación de aislamiento, electroshock o psicocirugías en niños y adolescentes aunque lo autoricen sus padres.

González Zapico, en definitiva, reclama que, quince años después de su rúbrica, se cumpla en España el convenio de la ONU y haya una nueva regulación que garantice que la norma general en hospitales, consultas y residencias sean «las terapias que fomenten el diálogo y los espacios seguros». «Abogamos por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos clave la creación de equipos multidisciplinares de atención y cuidados, la utilización de grupos de pares (pacientes de similares características), un plan de asistencia integrado, la generalización de un documento de instrucciones previas o la designación de personas de confianza» que ayuden al enfermo y vigilen por sus derechos e intereses, resumió.