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l. castro / agencias
Gijón
Jueves, 11 de abril 2019, 04:30
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El caso del suicidio asistido de María José Carrasco ha pasado a depender de un juzgado de violencia machista. Así lo decidió ayer la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, se suicidó con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, el pasado miércoles.
A pesar de que en las grabaciones realizadas por el matrimonio queda constancia del deseo de morir de la mujer, el Juzgado de Instrucción se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Entiende, según explica en el auto, que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista, tal y como estableció una sentencia reciente del Tribunal Supremo.
No obstante, el delito que se le imputa sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que propone penas de cárcel que van desde los dos hasta los diez años. Contempla, no en vano, una rebaja sustancial en estas condenas para aquellos que actúen por «petición expresa, seria e inquívoca» de la víctica, si esta sufriera «una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar».
Esta rebaja podría aplicarse en el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández, quien desde un primer momento reconoció los hechos y pasó a disposición de la jueza que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares aunque con una investigación abierta.
La Fiscalía, no obstante, recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción. Así lo anunció ayer, Pilar Martín-Nájera, responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, al asegurar que «no comparte» la postura de que no está especializado para continuar con la investigación ni tampoco la interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la delimitación del concepto de violencia de género en el que se basa. Es un caso «bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse», zanjó la fiscal.
También recurrirá el auto la defensa particular, pues la letrada de Ángel Hernández explicó que «no se puede considerar en ningún caso que lo que hizo fue un acto contra ella. Muy al contrario. Siguió los deseos de su esposa». Por ello, la abogada insiste en que el caso debe volver a ser competencia del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.
«Me pongo malo», aseguró Hernández ayer al conocer la noticia. «Soy feminista, militante y esta situación me parece un insulto», criticó. «Que me digan que he cometido violencia contra ella no lo admito», sentenció.
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