Villarejo anotó seguimientos para boicotear la causa del 'pequeño Nicolás'

La 'operación Kitchen', el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, no fue el único plan de vigilancia sin autorización judicial montado desde la anterior cúpula policial. Hubo un segundo dispositivo para obstruir la acción de la justicia, presuntamente, que no estaba dirigido contra un investigado por corrupción, sino, mucho más grave, contra un grupo de policías responsables de una investigación en marcha que alcanzaba a los propios mandos del cuerpo.

La agenda personal del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, refleja claros indicios de los seguimientos que se hicieron al menos desde 2016 al grupo de la unidad de Asuntos Internos encargado del 'caso Nicolay' (o 'pequeño Nicolás'). El objetivo, según se desprende de estos documentos, era claro: boicotear las pesquisas, expulsar a los agentes que revelaron las actividades ilícitas de Villarejo y, en último extremo, buscar el archivo del procedimiento.

Así se desprende de los papeles del sumario de la 'operación Tándem' ('caso Villarejo'), que instruye un juzgado de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso este periódico. Durante los tres años que la comisión judicial comandada por el inspector gijonés Rubén López trabajó en el 'caso Nicolay', desde octubre de 2014 hasta octubre de 2017 (a partir de abril de 2015 bajo la única supervisión del juez instructor Arturo Zamarriego para evitar injerencias), los mandos dirigidos por el comisario Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO), llevaron a cabo una serie de actuaciones para intimidar, presuntamente, a los investigadores con la intención de sacar a Villarejo de la causa.

Cualquier medio era bueno para lograr este fin; desde usar como avanzadilla a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno para su beneficio, hasta tirar de todos los contactos en la cúpula policial íntimamente relacionados con Villarejo. También activar a «periodistas afines al objeto de crear un estado de opinión y coaccionar a los investigadores en el desarrollo de su trabajo», según se desprende de la querella presentada por el inspector López y que la semana pasada ordenó investigar la Audiencia Provincial de Madrid tras dos años guardada en el cajón del juzgado (ayer compareció en calidad de investigado Eugenio Pino, el primero de los 16 investigados).

La figura de Villarejo, que desde hace años se había valido del anonimato para trabajar en la DAO, fue revelada por el 'pequeño Nicolas' tras su detención. Solo seis días después de este hecho, llegó el primer intento de anular la causa con la grabación ilícita de la reunión entre los investigadores del caso y miembros del CNI. Un asunto que fue difundido por periodistas afines a Villarejo y que está a la espera de juicio.

Ya en junio 2016, cuando la bola del caso era imparable, el excomisario escribió en su agenda una conversación con «Gago» (el inspector José Ángel Fuentes Gago, exjefe de gabinete de Eugenio Pino) muy reveladora: «Está decidido a dar caña a Marcel y a Rubén». El primero es el comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y el segundo el referido gijonés Rubén López, jefe de la investigación del 'caso Nicolay'.

Un año después, el 24 de junio de 2017, recoge otra anotación: «Cafetería Sotelo. Minuto 12. Zamarriego y Rubén tomando copas». El primero es el juez del caso Arturo Zamarriego. Y el 31 de julio siguiente incluye otro apunte: «Datos de Enrique sobre control de Rubén». En aquel verano de 2017, el último con Villarejo en libertad, la ofensiva contra el grupo investigador redobló y empezaron las presiones del nuevo jefe de Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, y las amenazas de cese pese al blindaje judicial, según describe la querella. Además, Zamarriego dejó el juzgado para promocionar a la Audiencia de Madrid y en su lugar llegó Pilar Martínez Gamo. Su primera decisión fue cesar al equipo investigador.

Los hechos se desencadenaron y el 13 de septiembre de 2017 Villarejo anotó un mensaje revelador tras hablar con Pedro Agudo, entonces inspector jefe de la unidad de los juzgados de Madrid y desde enero pasado ascendido a comisario en A Coruña. «Dijo que el tema Nicolás estaba finiquitado». Esta anotación se produjo dos semanas antes de que Agudo visitara a la juez para reiterar la necesidad de cesar a la unidad por decisión de la Dirección General de la Policía, según recoge la querella que se investiga ahora.

Dicho y hecho, la magistrada accedió y al grupo le dieron solo tres días para enviar los 10.000 documentos que quedaban por clasificar del caso. Tras su cese, la cúpula policial accedió a colocar cámaras en la vía pública sin autorización judicial para vigilar el despacho que usaban. La propia juez, a petición del fiscal Alfonso San Román, les acabó imputando por retardo malicioso e infidelidad en la custodia de documentos. Una causa archivada de forma posterior. Solo un mes después de que esta operación parapolicial concluyera con éxito, Villarejo fue detenido y su 'modus operandi' se vino abajo.