Demanda de amparo de la defensa de Irarragorri contra la orden de busca y captura

Alejandro Irarragorri, líder del Grupo Orlegi, propietario del Sporting de Gijón, se encuentra batallando en un delicado proceso judicial. El último episodio se conoció el viernes, con esa orden emitida por Luis Alfredo Mendoza García, juez de distrito en Torreón, declarando al empresario como «prófugo de la justicia» y ordenando su captura. Todo esto llega semanas después de que Irarragorri, afincado en Washington desde hace casi un año como parte de su estrategia, decidiese no atender un requerimiento para prestar declaración de forma presencial en México –una noticia adelantada por EL COMERCIO–, el pasado 24 de marzo, asesorado por sus abogados, considerando que la citación no se ajustaba a derecho.

Esta medida, que agrava y endurece el conflicto, sería cautelar, buscando forzar al empresario a que se presente a declarar por esa causa abierta por una supuesta defraudación de unos 763.000 euros en el ejercicio fiscal de 2017. Una cantidad, por otra parte, asumible dentro del presupuesto de un grupo de esta dimensión y en el fútbol profesional. El desencuentro, apuntaban desde México, nace de dos interpretaciones diferentes en la forma de tributar. En este caso concreto, salarios a jugadores, registrados como primas a través de una sociedad, en una discusión que tiene varios episodios previos en otros ejercicios. Incluso con precedentes ganadores para Orlegi, pero, también, resoluciones aún pendientes. Algunos periodistas de México informaban de que, dentro de este agrio conflicto, subyace una batalla política y mediática.

Fuentes de Orlegi consultadas por EL COMERCIO insistían ayer en que no habían recibido ninguna comunicación formal de esta orden, con los abogados del empresario defendiendo que no se habían respetado los tiempos para convocar la audiencia del 24 (Irarragorri atendió una el 20 para prestar declaración de manera telemática), apreciando defectos de forma en el procedimiento. Además, uno de los abogados del líder de Orlegi confirmó al diario mexicano 'Reforma' que ya se había promovido una demanda de «amparo» contra esa orden de «aprehensión», sosteniendo que no está bien formalizada. A partir de ahí queda por ver si se logra alguna medida cautelar que impida la detención de Irarragorri. Lo que se desconoce es el siguiente paso del empresario, al que se situaba en Estados Unidos estos días.

La situación, según fuentes consultadas, no tendría influencia para el Sporting, puesto que el caso que se está enjuiciando afecta a Santos Laguna, más allá del daño que puede hacer en la imagen del líder de Orlegi, que está presentando batalla judicial por lo que entiende que es un intento de presión, «disfrazado de acto judicial», al partir de una discrepancia en la forma de tributar y que agrava un desencuentro que ya viene de una auditoría del año 2013, impugnada por los abogados del Santos Laguna, que ganó aquel caso, prescrito.

Fuentes consultadas del grupo también quisieron reiterar en conversación con EL COMERCIO, ante los rumores que hay sobre una posible venta del club gijonés, que «el Sporting no está en venta», manteniendo así la postura que tanto David Guerra como José Riestra, en sus intervenciones públicas, han expuesto de forma tajante. Hay informaciones relativas a dos posibles operaciones para la venta del club, con precios cercanos a los sesenta millones de euros y participación de una entidad bancaria. Orlegi, no obstante, lo niega y desmiente tajante que esté en disposición de vender.

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