La UTE Dique Torres presenta en el Juzgado una reclamación de 329,9 millones a El Musel

La obra de ampliación del puerto de El Musel podría encarecerse en nada menos que 330 millones de euros si los tribunales atienden la demanda que ayer mismo presentó la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres tras exponer reiteradamente su disconformidad con la liquidación aprobada por la Autoridad Portuaria, por importe de 623,4 millones de euros. El puerto presentó esa propuesta de finiquito en función de las certificaciones de obra realizadas día a día y con el visto bueno de la Abogacía del Estado.

La obra de ampliación de El Musel fue adjudicada por 500 millones de euros, pero dificultades para utilizar desde el principio la cantera prevista obligó a la constructora a obtener materiales en canteras más lejanas y, por lo tanto, con un encarecimiento importante.

La UTE Dique Torres planteó a la Autoridad Portuaria de Gijón la necesidad de aumentar el precio y El Musel, en vez de atenerse a lo previsto en la adjudicación, aceptó y firmó un modificado que se cifró en 216 millones de euros. El argumento dado entonces por el presidente del puerto, Fernando Menéndez Rexach, y por los responsables políticos del Principado era que atenerse a la oferta presentada por la UTE Dique Torres provocaría, al menos, la paralización de la obra, cosa aparentemente incompatible con la financiación con ayuda europea.

El desarrollo posterior de los trabajo puso de manifiesto que los certificados de obra no llegaban a los 216 millones de sobrecoste, poco antes ya de la finalización de los trabajos. Trascendieron las primeras discrepancias entre la UTE y el puerto y las obras quedaron paradas durante unos días, apenas dos meses antes del punto final de la ampliación. La Autoridad Portuaria de Gijón llegó entonces a amenazar con demandar a la UTE y retirarle la obra. La adjudicataria rectificó y terminó los trabajos sin mayor demora.

Propuestas de liquidación

Pero el conflicto estaba planteado. Tanto una primera propuesta de liquidación aprobada en junio de 2011, con Rexach como presidente, como la posterior y hasta ahora definitiva, en noviembre de ese mismo año y con Emilio Menéndez al frente de El Musel (incluso unos 240.000 euros menos que la anterior), tuvieron en cuenta las certificaciones de obra realizadas.

La Autoridad Portuaria pagó 623,4 millones por la ampliación, es decir, con un sobrecoste de 123,4 millones respecto a la adjudicación inicial, pero 93 millones menos, aproximadamente, que el modificado firmado. A eso hay que añadir las actualizaciones que marca la ley para obras plurianuales, cifradas en 85,6 millones.

El conflicto estaba servido y, ya en la inauguración oficial de la obra, los responsables de la UTE auguraban que la solución debería llegar de la mano de los tribunales. Lo ocurrido ayer fue tan sólo la formalización de una reclamación anunciada y que había sido registrada en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón antes que en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón.

Hace ya casi un año, el 29 de abril de 2012, EL COMERCIO publicó que «el montante global que reclama la UTE asciende en concreto a 349.710.746,46 euros, de los que 301,4 millones corresponden a las 'partidas no abonadas', otros 25 millones a la revisión de precios correspondiente a esas mismas partidas y los 23,2 millones restantes a los intereses de demora. En todo caso, en sus diferentes reclamaciones ha reiterado que el presupuesto de ejecución que se plasmó en la modificación del contrato era de 715,6 millones de euros, frente a los 623 reconocidos como 'obra realmente ejecutada'».

Batalla legal

Es obvio que 330 millones de euros son mucho dinero, así que la batalla legal que se plantea está, de por sí, más que justificada; pero la situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria de Gijón hace que la guerra en los juzgados sea poco más o menos que a vida o muerte. La gestión de El Musel está ya intervenida por Puertos del Estado en función del crédito concedido para afrontar el sobrecoste; y de los 250 millones de subvención concedidos por la Unión Europea sigue sin liquidar el 20% por la tramitación de un expediente sancionador cuya resolución se hace eterna, circunstancias que han propiciado ya preparativos para la venta de patrimonio.

Una resolución judicial favorable a la UTE podría ser la puntilla.