El Comercio

Niños de vuelta al cole, la semana pasada, en Avilés.
Niños de vuelta al cole, la semana pasada, en Avilés. / MARIETA

Los colegios exigen las sentencias de divorcio para evitar problemas en la recogida de niños

  • En ocasiones, los centros se han visto obligados a anular la matrícula de un alumno por no contar con la firma de uno de los progenitores

«A veces somos más abogados que directores. Sé más legislación sobre familia...» Lo explica el director de un colegio público de Gijón, con muchos años de experiencia y que no duda en afirmar que lo de ahora es «una locura». Una locura que conlleva controlar numerosas leyes. Mediar entre padres separados. Evitar que nadie haga fotografías de algún listado en el que aparezcan los nombres y apellidos de los menores. Atender incluso la llamada de algún abogado que te informa de que debes anular la matrícula de un alumno porque no cuenta con el visto bueno de uno de los progenitores. Son situaciones reales. Como lo es que padre y madre no se pongan de acuerdo en si el niño debe estudiar Religión o no.

Así están las cosas. En un punto en el que en la primera reunión de directores con familias de nuevo ingreso, entre la numerosa información que se ofrece y normativa que se explica, se deja clara una cosa: si hay sentencia de separación o divorcio hay que facilitarla al colegio. Porque, en caso de que no la haya, el centro puede entregar al menor a cualquiera de los progenitores. «Así que, por su propio beneficio, procuran que en el fallo quede claro quién debe recoger al hijo cada día». De esa forma, si el juez ha estipulado que el padre lo recoge miércoles y viernes, el centro nunca permitirá que se vaya con él un martes. Debe especificarse, también, si padre y madre pueden autorizar, a su vez, a una tercera persona a hacerse cargo del menor a la salida del centro. Porque hay sentencias, por ejemplo, que lo prohíben. Es decir, que el padre, por ejemplo, no puede delegar en el abuelo. Y el colegio, como no puede ser de otro modo, debe cumplir.

Isabel Sanz es directora del colegio gijonés de Los Pericones y conoce bien este tema. No en vano, confiesa que en este curso recién iniciado ya ha tenido que anular tres matrículas de otros tantos alumnos, porque no estaban firmadas por ambos progenitores (salvo caso de retirada de la patria potestad, las inscripciones deben estar refrendadas, en todos los casos, por ambos). No es ninguna broma. Ni siquiera se trata de excepciones. «Un 10% de nuestros casi 400 alumnos tienen sentencias de separación o divorcio». Y, como suele suceder, algunas son conflictivas.

Los colegios están acostumbrados, explican, a facilitar determinada información por duplicado. Circular para la madre. Circular para el padre. A emitir también dos veces el boletín de calificaciones y notas. Cada parte requiere la información por separado.

Pero la cuestión de las autorizaciones para recoger a los alumnos van mucho más allá de los conflictos de pareja. En todos los casos, las familias deben autorizar por escrito qué personas pueden hacerlo. «Soy la vecina de Lucas, hoy vengo a buscarle yo». Lo que solía ser una escena habitual en la puerta de los colegios es ahora impensable. En algunos centros solicitan incluso la fotocopia del DNI de dichas personas. Aún así, siempre hay situaciones complicadas. Alguien que insiste e insiste en que tiene el permiso. El alumno conoce a esa persona. «Y como tampoco vamos a llamar a la Policía, en esos casos levantamos acta de qué persona se lleva al niño y por qué motivo». Un acta. Todo por escrito y oficial. Nada puede escapar al control.

Fotografías y vídeos

Como tampoco puede hacerlo el cumplimiento de la ley de protección de datos, o el control sobre la publicación de fotografías o vídeos de los menores. Entre los muchos papeles que deben firmar las familias están también esos permisos. ¿Dejan que sus hijos se fotografíen? ¿Que esas fotos se publiquen en la web, en la revista interna o las redes sociales del colegio? ¿Que se usen para los álbumes de fin de curso? ¿Que puedan remitirse incluso a medios de comunicación? En este último caso, es habitual que los profesores aparten con delicadeza del grupo a algún alumno cuyos padres no han firmado dicha autorización.

Respecto a la protección de datos, ha obligado a dejar de publicar listados. O a hacerlo omitiendo nombres y apellidos y utilizando, en su lugar, el NIE de los alumnos. «Y si por lo que sea tengo que poner una lista en el centro pongo un cartel enorme que prohíbe hacer fotografías», cuenta Isabel Sanz. Eran cosas «impensables» hace tan solo unos años. Situaciones que pueden convertirse en una «locura» para los responsables de los centros. Pero la demostración de que los colegios deben adaptarse a los cambios sociales.