La Mancomunidad de Cabo Peñas no podrá ser disuelta sin autorización del Principado

La Dirección General de Administración Local, dependiente de la Consejería de Hacienda y Sector Público, no ha puesto objeción alguna a la adaptación de los estatutos de la Mancomunidad de Cabo Peñas a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En el informe remitido a este órgano local supramunicipal, en el que se da respuesta a las consultas realizada para su modernización, se considera que «no existe una discrepancia sustancial de fines y objetivos de los estatutos actuales con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local».

De la respuesta que se ofrece, objeto de consulta también en su día por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se presupone que la adaptación estatutaria no sería impedimento para disolver la unión de concejos, tal como solicita Gozón.

Sin embargo, sí que se aprecian diferencias de criterio entre Principado y el ministerio sobre la duplicidad de servicios comunes prestados, aunque no son vinculantes.

Así, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entiende que «no cabe la prestación mancomunada de obras y servicios que ejerzan los municipios por delegación de otra Administración pública». Este apartado fue, precisamente, uno de los que causaron mayor discrepancia entre los ayuntamientos mancomunados.

Igualmente, en relación con la disolución de la unión de concejos que se tramita desde Gozón, señala que el expediente de disolución deberá ser iniciado y resuelto por el Gobierno regional. De hecho, la primera condición que se fija es que el personal de servicio de la Mancomunidad se incorpore a los ayuntamientos y que los consistorios queden subrogados en todos sus derechos y obligaciones para su liquidación.

Desde el pasado agosto

En agosto pasado, el gobierno local del Partido Popular de Gozón ya tomó la decisión de iniciar los trámites para desvincularse de Carreño.

Entonces, el alcalde y presidente de la mancomunidad, Ramón Artime, consideró «inviable» cualquier otro modelo administrativo, cerrando todas las posibilidades a un nuevo replanteo de la situación actual.