La UCO acusa a UGT de desviar a sus sueldos 762.000 euros de los cursos para parados

19 empleados cobraron hasta el 99% de su nómina por esta vía. La Guardia Civil afirman que diez de ellos admitieron no haber participado «nunca» de las clases

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La Guardia Civil investiga desde 2014 a UGT-Asturias por un presunto fraude y falsedad documental relacionado con el dinero que el Principado le entregaba para la celebración cursos a parados y trabajadores. Según los investigadores, la organización hinchaba sus tarifas, utilizando para ello a parte de su conglomerado empresarial. La recaudación de más facilitaba «la financiación ilícita» de la organización, según los agentes. Una de los destinos de ese dinero era el «incremento patrimonial» de UGT y sus entes. Ejemplo de ello sería la compra de un bajo comercial en Langreo por un millón de euros, pagados por una sociedad que pretendía recuperar el desembolso con los beneficios que lograba de los cursos.

Una segunda fórmula consistiría en desviar esos fondos públicos a los gastos propios de UGT. Los primeros confidentes contactados por la Unidad Central Operativa (UCO) dijeron que «era y es una práctica fraudulenta habitual de la organización sindical» la de cargar los salarios de su plantilla a subvenciones finalistas con las que no ha tenido nada que ver.

Para verificar la existencia de estos «trabajadores intrusos», los agentes solicitaron al Servicio Público de Empleo (Sepepa) regional las facturas y nóminas presentadas por UGT para justificar el coste de los cursillos. Identificados así los trabajadores teóricamente al cargo de la formación, los entrevistaron para conocer en qué consistió exactamente su labor.

De las respuestas obtenidas, la UCO concluye que hay al menos 19 trabajadores de UGT cuyas nóminas se financiaron hasta en un 99% con estas subvenciones, a pesar de que sus funciones «no guardarían, en la mayoría de los casos, ningún tipo de relación con el desarrollo, la gestión o la evalución de las acciones formativas o, en todo caso, esta relación sería residual y muy puntual». Calculan en 762.000 euros los fondos públicos desviados así entre 2010 y 2014.

En diez casos los propios empleados negaron en el cuartel tener relación alguna con la formación. M. por ejemplo, atiende un teléfono en el que los afiliados se interesan por todos los servicios de la central. Según el acta de la declaración, dijo que «nunca ha participado en ninguna tarea relacionada con la organización, la justificación ni con labores admnistrativas» de los cursos. En el año 2010 el 44,3% de su nómina se financió con esas ayudas, el año siguiente fue el 42% y luego subió al 50%.

Ordenadores sin tocar

Los dos informáticos dijeron algo parecido. «Jamás participó en absolutamente nada relacionado con la formación», recoge el acta. Si un ordenador de las aulas se estropeaba, era la fundación Ifes la que lo arreglaba. Uno de los técnicos tuvo el sueldo cofinanciado al 75% y el otro, al 50%.

«Nunca desempeñé ninguna función laboral relacionada con actividades formativas desarrolladas por UGT-Asturias», aseguran los agentes que fue la respuesta de una secretaria de la ejecutiva; el 74,9% de su nómina se pagó con la subvención de 2010, en 2011 fue el 59,5% y en 2014 el 34,9%. M., trabajadora de una comarcal, indicó que lo más parecido que había hecho era recoger las solicitudes de los aspirantes y llevarlas a la sede central, en Oviedo. «Fue aproximadamente hace seis años», matizó. Pese a ello, el 74,9% de su sueldo de 2010 se pagó con estas ayudas, en 2011 fue el 59,5% y en 2014 el 34,9%.

Curioso es el caso de P., que durante cuatro años cobró de los cursos. Dijo que recogía peticiones, ayudaba a rellenarlas y presentaba a los profesores. Los agentes comprobaron que en la comarcal en la que se emplea solo una vez se dio un curso, y según la documentación justificativa de UGT, el trabajador del sindicato que lo organizó fue otro.

La UCO estima también que UGT cargó fraudulentamente el 99,9% de las nóminas de un trabajador que declaró como propio; organizaba cursos para Foro Astur, empresa del sindicato que tenía otras fuentes de financiación, ya que por esos clases cobraba a otras administraciones.

Para tildar de fraude esta operativa, la UCO tira de normativa. La Ley General de Subvenciones indica que los gastos subvencionables son «aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios». Su Real Decreto precisa que «deben responder a costes reales, efectivamente realizados». Hasta 2012 el Principado permitía repercutir un 20% de costes indirectos (luego redujo el umbral al 10%) pero matizaba: «Los costes asociados (o indirectos) habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas».

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