Venezuela deja de pagar la pensión a los emigrantes retornados a España

Trabajadores de la empresa Polar protestan contra la decisión del Gobierno de Maduro de retirarle el acceso a la materia prima, cebada malteada, al decretar la emergencia alimentaria.
Trabajadores de la empresa Polar protestan contra la decisión del Gobierno de Maduro de retirarle el acceso a la materia prima, cebada malteada, al decretar la emergencia alimentaria. / REUTERS
  • La Seguridad Social española ha pedido sin éxito explicaciones al régimen de Maduro, con el que suscribió un convenio que debería garantizar los pagos, suspendidos desde enero

Son, según los propios afectados, unas 7.000 personas en toda España, aunque la mayoría se concentran en Canarias, Asturias y Galicia. Se trata de antiguos emigrantes españoles, ahora jubilados y que en su mayoría tienen la doble nacionalidad, pero también los hay que son solo venezolanos, y desde enero pasado no cobran sus pensiones.

Fuentes oficiales de la Seguridad Social española confirmaron ayer a este periódico que la problemática «se está dando, pero aún no tenemos cuantificadas con exactitud a cuántas personas afecta ni por qué montante». Eso sí, el asunto preocupa mucho a las autoridades españolas, dado que la Seguridad Social de nuestro país tiene suscrito un convenio «con el Instituto Venezolano de Seguridad Social» por el que se garantiza «la exportación -pago en el extranjero, en este caso, en España- de las pensiones de las personas que habiendo cotizado en Venezuela han decidido desplazarse a alguno de los países que tenemos ese convenio».

Fuentes diplomáticas consultadas por este periódico achacaron ayer el impago al «grave problema de divisas que sufre Venezuela», aludiendo para ello a un informe que, según dichas fuentes, habría elaborado la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España. Es más, las mismas fuentes indicaron que no sólo se están viendo afectadas las pensiones cubiertas por el convenio entre ambos países, sino «todas las que Venezuela debería estar pagando en el extranjero». No hay datos sobre lo que puede estar pasando con los pensionistas que viven en Venezuela, pero todo apunta a que la medida se inscribe en el mismo paquete que ha llevado al Gobierno de Nicolás Maduro a decidir que la administración pública trabajara sólo lunes y martes para ahorrar energía, y a decretar cortes del suministro de energía eléctrica de al menos cuatro horas en casi todo el país.

El convenio del que se trata es el firmado el 12 de mayo de 1988, que entró en vigor el 1 de julio de 1990 y que, según la Seguridad Social española, «da cobertura actualmente a unas 11.000 pensiones en los dos países». Fundamentalmente se trata de emigrantes retornados, pero también hay abundantes casos de nacionales de un país que deciden ir al otro después de alcanzar la edad de jubilación. La Seguridad Social española confirmó ayer que «pagamos pensiones a más de 1.000 españoles que viven actualmente en Venezuela».

El caso ha ido generando un creciente malestar entre la comunidad de jubilados y pensionistas retornados, que han comenzado a ponerse en contacto con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y con la Seguridad Social española para solicitar su intervención, además de crear un grupo con varios miles de miembros y muy activo en una red social.

«Derecho exigible»

La Seguridad Social española ha «remitido una carta al Instituto Venezolano de Seguridad Social, y por el momento no hemos recibido ninguna respuesta ni explicación alguna». Pero no ha sido esa la única gestión, desde el INSS se informó ayer de que «nuestro consejero técnico en Caracas ha podido conprobar que el país ha dejado de exportar las pensiones no sólo a España, sino al resto de países con los que Venezuela tiene suscritos convenios similares».

Lo que en principio podría pasar por un problema entre la Seguridad Social venezolana y los particulares que se adjudicaron el derecho a cobrar pensiones de las arcas bolivarianas, merced a su cotización de décadas trabajando en Venezuela, está en camino de convertirse en un problema diplomático entre el país que gobierna Nicolás Maduro y España, en aplicación del antes mencionado convenio. «Se trata de derecho exigible», indicaron ayer fuentes del Gobierno español, por lo que prevén «algún tipo de repercusión» si no se solventa la situación. De hecho, en estos momentos la Seguridad Social española «está procediendo a la recopilación de datos para poder actuar», además de «pedir explicaciones por los casos que ya tenemos constatados». Una vez finalice esa fase, «España exigirá que se cumpla el convenio», indica la Seguridad Social.

Uno de los afectados por los impagos es el cabraliego Manuel Jesús Asenjo, que explicó ayer que «coticé 34 años en Venezuela, en Electricidad de Caracas, una empresa privada de unos 7.000 trabajadores que el Gobierno expropió y convirtió en Corpoelect. Cobraba una pensión de unos 1.300 euros mensuales, dependiendo del tipo de cambio entre el euro y el dólar, pero desde enero pasado no he cobrado nada, y el consulado dice que el tema no es su responsabilidad y que no puede hacer nada». Los afectados, constituidos en plataforma, telefonean todos los días «al Banco Central de Venezuela, pero sin que nos hayan dado ninguna respuesta todavía»