UGT recibió del Principado 23,4 millones en subvenciones investigadas por la Guardia Civil

La investigación de la Guardia Civil sobre la financiación de UGT arrancó con un amplio contorno. Lo constató el diputado de Podemos Daniel Ripa, cuando en 2016 solicitó al Principado que precisara los expedientes que le habían requerido sobre el tema. La respuesta identifica 31 subvenciones de la Consejería de Educación y el Servicio Público de Empleo (Sepepa). Entre los años 2004 y 2014 estas resoluciones autorizaron el abono de 23,4 millones a la central o a su fundación de formación, IFES. Existen 900.000 euros más que fueron revocados por no cumplir los requisitos o a los que renunció la organización.

El dinero tenía por finalidad sostener cursos de formación a desempleados y trabajadores. Un 91,65% de los fondos se decidieron a favor de UGT e IFES en convocatorias abiertas a la concurrencia de otros aspirantes. El resto fueron concedida directamente a la central.

Cada expediente encierra un mar de papeles con listas de alumnos, materiales didácticos, facturas, contratos, y trasferencias bancarias. Para el propósito de los agentes la mayor utilidad está en los justificantes más reciente, esto es, las once resoluciones del Sepepa de los años 2010 a 2014. Estos expedientes transfirieron 7,4 millones a UGT-Asturias, y 4,4 a IFES.

Con el análisis de la documentación, las cuentas bancarias, las declaraciones de impuestos y los testimonios recogidos, la Unidad Central Operativa (UCO) elaboró un atestado de 302 folios que presentó al juzgado el 13 de enero. Cuatro días después, eran detenidos el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, tres exdirigentes y dos trabajadores del sindicato, todos puestos en libertad tras negarse a declarar ante la magistrada del caso.

Como adelantó ayer EL COMERCIO, el informe defiende la hipótesis de que UGT utilizó varias empresas afines para hinchar los costes de los cursos y «financiarse de modo supuestamente ilícito». Ese es el papel que le atribuye por ejemplo a Infastur, mercantil en teoría encargada de tener limpias las aulas y poner en ellas los ordenadores, fotocopiadoras, pizarras, proyectores y mesas necesarias para impartir la formación.

IFES asegura haber organizado cursos para 5.000 personas con los 4,4 millones del Principado. Para cobrarlos presentó miles de facturas, parte de ellas emitidas por Infastur por su tarea logística. La Guardia Civil estima que por las clases impartidas en tres centros públicos, la sociedad libró recibos por 432.595 euros. Según sus indagaciones, los costes reales de Infastur en esas aulas no pasaron supuestamente de 54.591 euros. La versión de los agentes es que los beneficios obtenidos con las facturas que creen infladas incrementaban el patrimonio del sindicato.

Un repaso a las cuentas presentadas por Infastur ante el Registro Mercantil constata anomalías. En 2014 y 2015 por ejemplo declara haber ingresado 67.843,81 euros, pese a carecer de plantilla. En los cuatro ejercicios anteriores, con una sola empleada obtuvo 450.369 euros. Los guarismos afianzan el carácter «exclusivamente instrumental» que los agentes atribuyen a la sociedad.

El 99% del dinero que entra en Infastur lo trasfiere IFES tras cobrarse la subvención del Principado. Una vez dentro, es empleado en amortizar los equipos comprados, pero también para respaldar otras operaciones de UGT. Todos los años por ejemplo anota como activo financiero entre 49.250 y 74.250 euros con la empresa Ideas, Imaginación y Viviendas, una promotora inmobiliaria cuya sede es el edificio de UGT. La devolución completa de los fondos se anuncia en cada ejercicio, sin que se materialice del todo. Hay otros 253.500 euros en «una cuenta a corto plazo con socios».

En los pasivos financieros se apuntan 270.000 euros en una cuenta con Astur Gestión de Vivienda (promotora de igual domicilio) que «será reintegrada a dicha empresa a la mayor brevedad posible» y que responde a la compra de un local, hay otra nota de 120.000 euros con la misma inmobiliaria, y medio millón en un crédito con Liberbank.

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