El jefe de la Policía Local, investigado en una trama de amaño de contratos de Tráfico

Esa misma ausencia la destacó el comisario principal tras abandonar la Jefatura Superior de Policía, adonde fue trasladado por los agentes de la UDEF desde el edificio de Seguridad Ciudadana y prestar declaración asistido por su abogado Miguel Teijelo.

López salió de Comisaría a las cinco y diez de la tarde, por la puerta principal y como entró: en calidad de investigado y sin que pesase sobre él ninguna requisitoria judicial ni orden de detención. «He contestado a todas las preguntas. Colaboración máxima con la investigación y he entregado todos los expedientes que me pidieron», explicó en declaraciones a este diario. El responsable policial que, esta mañana se disponía a volar a Mallorca de vacaciones, vio sus planes truncados por la operación de la UDEF: «Después de esto estoy disgustado, pero tranquilo porque no tengo nada que ocultar». Insistió en que, desde que tomó posesión como jefe del servicio, para cada pliego se crea «una comisión técnica», un órgano en el que la Policía Local cuenta con el asesoramiento de los técnicos de otras áreas municipales, y recalcó que «nosotros no tomamos decisiones en contratación, es la Mesa de Contratación quien lo hace».

«El meollo no tiene nada que ver con este Ayuntamiento ni creo que haya nadie implicado en Asturias», insistió. «Tampoco hay ninguna empresa asturiana implicada» y destacó que el Ayuntamiento no tiene contratos con Gespol ni utiliza sus herramientas.

Minutos más tarde, por la misma puerta salió el responsable del área Técnica de la Policía Local, quien gestiona el proceso de modernización y paso de la tecnología analógica del servicio a la digital. Lo hizo también tras prestar declaración en calidad de investigado. No quiso hacer declaraciones.

La llegada de los agentes de la UDEF se produjo de forma simultánea al Ayuntamiento, al Edificio de Seguridad, a la viviendas del comisario y a una consultora de la ciudad cuyo nombre no ha trascendido. Ajenos a las visitas que se estaban desarrollando en otros puntos, concejales y funcionarios entraron en ebullición al leer los primeros avances de la 'operación Enredadera' con sus promesas de detenciones de alcaldes y funcionarios. Luego, todo fue más normal. Tres agentes de la UDEF se personaron en el Ayuntamiento y preguntaron por el concejal de Contratación, ayer, accidentalmente por las vacaciones de su compañero Iván Álvarez, le tocó a Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', hacer de anfitrión. Permanecieron en los despachos municipales casi tres horas. A 'Rivi' le dio tiempo, por el medio, a dar una rueda de prensa y a afirmar que el equipo de gobierno estaba «tranquilo no, lo siguiente, hipertranquilo» y colaborando activamente con lo que solicitaban los agentes de la UDEF. «Los funcionarios están entregando todo lo que nos piden. Se ha puesto a su disposición todo lo que han pedido, documentación ordenadores de concejales y técnicos», concluyó.

Una hora más tarde, casi a medio día, los tres policías nacionales dejaron el Ayuntamiento y se dirigieron al Edificio de Seguridad Ciudadana, donde ya estaban trabajando sus compañeros auxiliados por media docena de funcionarios más de la Jefatura Superior de Policía.

En total, han participado en la 'operación Enredadera' más de 500 agentes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que las diligencias han sido declaradas secretas y confirmó 49 entradas y registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, cinco comunidades autónomas. También de la detención de 15 personas, entre empresarios, funcionarios y cargos públicos.

Con la causa declarada secreta, nadie se atrevió a exponer en público qué buscaban los agentes entre los papeles municipales. Distintas fuentes del Ayuntamiento confirmaron que los agentes solicitaron contratos desde el año 2010 hasta el 2016, con especial interés en los que figurase Gespol, pero también la reciente, septiembre de 2016, adjudicación del control del tráfico y los meses anteriores en los que la anterior contratista, Telvent, de la que también recabaron datos. También requirieron información sobre empresas que se presentaron a licitaciones pero no resultaron adjudicatarias, como Valoriza, también filial de Sacyr y que optó al de la zona azul.

Los hechos investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.