«El 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas». Con estas palabras focalizaba ayer el coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Jesús Barcelona, la problemática del fraude fiscal en España, un asunto que hace que «el Estado pierda 90.000 millones de euros al año», según explicó en el transcurso de una charla en el centro cultural Valey organizada por la fundación Izquierda d'Asturies e Izquierda Unida de Castrillón.
Jesús Barcelona señaló que las cifras aportadas son «una estimación» que el Estado no reconoce «a pesar de que universidades o la propia Comisión Europea las avalan». Este hecho es uno de los principales problemas a la hora de atajar la situación. «Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Somos conscientes de que no se puede acabar con todo el fraude fiscal, pero estamos en el 23% y situarnos en la media europea del 13% supondría ingresar 38.000 millones al año», afirmó.
Una de las medidas por las que apuesta el representante sindical para abordar la problemática es la de «corregir la insuficiente dotación de personal». Según explicó, en España hay «entre cuatro y cinco veces menos personal que en países de nuestro entorno». La insuficiente dotación de medios humanos, unida a la propia organización del trabajo, hacen que la situación sea cada vez peor. «El 72% del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80% de los trabajadores se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas», afirmó.
El representante sindical abogó además por aumentar las penas por la comisión de delitos fiscales. Según señaló, «los delitos económicos están menos penados que los de otro tipo. Comparado con el daño al erario público, la sanción es pequeña».
