La reforma de la piscina de Villaviciosa, paralizada tras detectarse nuevos problemas

Los nuevos problemas detectados, indicó este jueves el Ayuntamiento, obligan a una modificación del proyecto para poder financiar la corrección de las deficiencias descubiertas en la construcción de la piscina. Así se dictaminó de forma favorable por unanimidad de todos los grupos políticos, PSOE , PP y la edil no adscrita, en la comisión informativa celebrada el pasado martes, 3 de julio, y en consecuencia, se acordó en sesión extraordinaria celebrada al día siguiente de la junta de gobierno local.

Tras las explicaciones dadas por el arquitecto municipal, y arquitecto redactor del proyecto, todos los grupos votaron a favor de la propuesta basada en el informe técnico, que implica suspender temporalmente las obras y proponer a la empresa adjudicataria el modificado del proyecto, todo ello, conforme a los dispuesto en la ley de contratación pública. La necesidad del modificado, implica automáticamente la suspensión de las obras, explicaron en el Consistorio. Ahora la empresa tendrá un plazo para comunicar si acepta o no el modificado y continúa las obras u opta por la resolución del contrato.

Los dos arquitectos expusieron ante la comisión que la instalación está, una vez iniciados los derribos, «aún peor de lo que ya se conocía por los informes que había hasta ahora».

La paralización, basada en los informes recabados por el Consistorio, tanto de la empresa adjudicataria como del arquitecto municipal, pone en riesgo, además, los fondos europeos con los que contaba este proyecto, que ascienden a 1,6 millones de euros, al no poder cumplir ahora con el plazo de ejecución marcado.

Pero es que los problemas son de envergadura. «Con el avance de las demoliciones, se ha ido observando con detalle patologías ocultas existentes en el edificio derivadas de una pésima construcción y de un mal mantenimiento de las instalaciones», se recoge en los informes. »La más grave es la que afecta a la estructura de hormigón, que se mantiene y a parte de la estructura metálica, que deberá ser tratada contra la corrosión del acero en muchos puntos y contra la carbonatación del hormigón en su totalidad«, añaden esos documentos, que explican este estado en el que se acometieron sin los revestimientos de hormigón sobre las armaduras que hubieran sido necesarios.

«Hay mucho hierro dañado y la carbonatación del hormigón afecta presumiblemente en función de las catas realizadas, al resto de los armados», se explica.

El informe del laboratorio especializado sobre el hormigón, por su parte, ha descubierto que «el estado patológico existente sólo obedece a los bajos recubrimientos que algunos casos son nulos o casi nulos«. »Parece claro que en la ejecución de la estructura no se han dispuesto separadores que aseguren un mínimo recubrimiento y protección de las armaduras«, abunda.

Tampoco el recubrimiento de las armaduras es el adecuado, lo que ha provocado «una carbonatación total, aunque el hormigón se encuentre en buenas condiciones». Perdida de adherencia, desprendimientos y disminución de la vida útil de la estructura son las consecuencias, según se enumera en el documento. Tal es la magnitud del problema que el informe no pone paños calientes. Aunque sólo se han muestreado cinco puntos, teniendo en cuenta lo que se ve a simple vista, el análisis se puede hacer extensivo a toda la estructura de hormigón. «La única solución posible pasa por el tratamiento integral del 100% de la estructura de hormigón si se quiere garantizar la durabilidad a medio y largo plazo».

Otra de las actuaciones que habrá que acometer es afianzar para evitar que se caiga lo que se llega a calificar de hoja de ladrillo «mal colocada» que se supone ejerce de fachada funcional.

Con toda esta tarea por delante, el calendario de obras se desmorona. Hay que parar los trabajos y redefinir el proyecto.

La de la piscina municipal de Villaviciosa ha sido una historia marcada por la polémica desde su construcción, bajo mandato del PP. La obra se adjudicó en 179 millones de pesetas, a la empresa Sardesa, del empresario Manuel Meleiro -que, recordó el actual equipo de gobierno, protagonizó el llamado Caso Meleiro, donde se acusó de financiación ilegal y comisiones al PP- y al final costó 260 millones, tras varios modificados del proyecto. Se inauguró en 2000, a pesar de que ya entonces un informe técnico, realizado por el ingeniero municipal alertaba de una larga lista de deficiencias en la construcción. En 2002 se dieron por corregidas las graves deficiencias para desbloquear la devolución de la fianza de la empresa, que fue devuelta por el entonces gobierno local del PP.

En 2009, con 10 años de vida de la piscina, nuevas deficiencias motivaron un informe de la oficina técnica que señalaba que «el recinto se encuentra inmerso en un proceso de degradación que inevitablemente conducirá a su ruina en un plazo corto. Este proceso es consecuencia directa del deficiente proceso de ejecución en su construcción, el uso de materiales inadecuados y errores en el diseño». El arquitecto municipal estimaba en ese informe preciso «impedir el uso de las instalaciones, en tanto no se realice una revisión completa del sistema eléctrico y se compruebe la estanqueidad e idoneidad de su funcionamiento». Además, consideraba necesario «iniciar el proceso de rehabilitación, reforma y reestructuración integral de la instalación, junto con la revisión de su diseño». Aún así, tras las reparaciones de la instalación eléctrica, se mantuvo la actividad.

El último gobierno del PP, en el mandato de José Manuel Felgueres, adjudicó la gestión a la empresa Aqualia en 2014, aprobando una subida de tarifas. Tras el cambio de gobierno en 2015, el nuevo gobierno local, socialista con Alejandro Vega al frente, se encontró con que la empresa Aqualia, renunció al contrato a los pocos meses de iniciarse el mandato. Al iniciarse el expediente de contratación, se descubrió que la piscina municipal no disponía de licencia de apertura y actividad, y que no podría legalizarse por haber sido construida ilegalmente en una zona verde. Esto obligó a iniciar una modificación de las normas urbanísticas de 1997, para que se pudiera realizar un nuevo contrato, al tiempo que se ejecutaron diversas inversiones para evitar el cierre de la piscina. Se valoró incluso la construcción de una nueva piscina en una parcela de La Barquerina, pero posteriormente se descartó dado que las ayudas públicas sólo financiaban rehabilitación de edificios. Así se logró la ayuda procedente de los fondos europeos, pero hubo que esperar a la aprobación del cambio de normas para legalizar el edificio, para licitar las obras. Obras que ahora se paralizan.