La comisión de Cerredo incide en los recortes en Seguridad Minera mientras Barbón los vincula al cierre de pozos y rechaza responsabilidad directa
Quien fuera jefa del servicio de Ordenación Minera hasta junio de 2023 argumenta que el fin del carbón no supuso una merma de la carga de trabajo. Verónica Fabián asegura que la comprobación de la solvencia económica y técnica a la hora de tramitar un traspaso de los derechos mineros de una empresa a otra corresponde a los servicios jurídicos
Los recortes de personal en el área de Seguridad Minera desde 2019, tras el cierre de las explotaciones de carbón, denunciados el pasado jueves — ... en el marco de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Cerredo— por José Manuel Embil Fanjul, último jefe de servicio de Seguridad Minera antes de aquella reestructuración interna, volvieron a ponerse sobre la mesa este viernes en una nueva sesión de la comisión. Lo hizo Verónica Fabián Álvarez, actual jefa del Servicio de Control Ambiental, que compareció ante sus señorías principalmente por haber pertenecido desde 2010 hasta junio de 2023 a la dirección general con competencia minera, primero como funcionaria interina del Servicio de Seguridad Minera y después, ya con plaza, como jefa de Servicio de Ordenación Minera. Con este cargo llegó a realizar una inspección en la mina de Cerredo durante el periodo que investiga esta comisión parlamentaria, en la que se trata de depurar posibles responsabilidades políticas que pudieron derivar en el accidente del pasado mes de marzo en el que fallecieron cinco personas.
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Casi al mismo tiempo que hacía estas declaraciones, el presidente del Principado, Adrián Barbón, relacionaba la reestructuración del área con el cierre de los pozos de carbón y, en consecuencia, con el fin de la minería en Asturias. «Lógicamente, yo entiendo que cuando hay que redimensionar los equipos, que como comprenderá, a mí no me toca definir eso ni mucho menos, en cualquier administración, sea la local, sea autonómica, sea en este sentido el servicio de inspección, se tienen en cuenta pues las explotaciones mineras abiertas y lógicamente en los últimos años no hace falta que recuerde todos los pozos mineros que se cerraron», anotó en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración del nuevo consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón.
De esta forma, Barbón eludió cualquier responsabilidad directa en la decisión, pese a que el decreto de reestructuración lleva su firma y la del entonces consejero de Industria, Enrique Fernández. «Prefiero ser prudente porque desconozco el criterio que se siguió y desde luego mi máximo respeto a la investigación», añadió.
Sin embargo, cuestionada con la vinculación de estos recortes en el personal al fin de la minería del carbón, la compareciente fue tajante al señalar que el hecho de que dejara de producirse carbón «no quiere decir que se redujera la carga de trabajo porque había labores de restauración y planes de cierre», respondió.
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En cuanto a su responsabilidad durante la inspección de la mina, Verónica Fabián confirmó que había participado en una de las visitas acompañando al inspector responsable del seguimiento de la explotación. Aseguró no haber observado nada extraño y que la entrada a la bocamina en aquel momento era «inaccesible».
«Para ser titular de derechos mineros no se exigen requisitos»
Verónica Fabián Álvarez, jefa del Servicio de Ordenación Minera hasta junio de 2023, explicó durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Cerredo que gestionó el expediente mediante el cual los derechos de explotación de la mina pasaron a Combayl, por auto judicial en el proceso de liquidación de la Compañía Astur Leonesa (CMAL).
En febrero de 2023, también recibió la solicitud de Combayl para transferir la titularidad a Blue Solving, empresa vinculada directamente a la primera y responsable de la explotación en el momento del accidente. Sin embargo, dejó su puesto antes de que se resolviera el trámite.
Fabián Álvarez aclaró que su papel se limitaba a verificar que la solicitud cumpliera con los requisitos formales, que los derechos inscritos en el catastro minero coincidieran con los solicitados y que se especificara si la transmisión era total o parcial. Una vez comprobado esto, señaló, «el expediente se traslada al servicio de asesoría jurídica administrativa de la consejería», encargado de evaluar la solvencia económica y financiera, pero también técnica.
Esta afirmación sorprendió a algunos diputados, ya que no coincide con lo declarado por otros comparecientes en esta comisión parlamentaria. «Quizá ahora se haga de otra manera, pero cuando yo estaba era así», concluyó. Además, subrayó que en su actual puesto en la Dirección General de Medio Ambiente no ha tenido contacto directo ni indirecto con los empresarios del grupo Cerredo.
Posteriormente compareció María Elena Colunga Argüelles, jefa del Servicio de Industria desde 2008, quien dejó claro desde el inicio que sus funciones guardan «muy poca o ninguna relación» con el objeto de la comisión. Aun así, respondió a las preguntas de los diputados y no escondió su preocupación por el hecho de que para ser titular de derechos mineros «no se exija ningún requisito, es así de duro».
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