La Inspección cree que el Principado suprimió en 2019 el servicio de seguridad minera para ahorrar

La historia comienza el 15 de mayo de 2019. Faltan dos semanas para las elecciones autonómicas y el Ejecutivo que preside Javier Fernández aprueba el plan anual de la Inspección General de Servicios. Entre los encargos que le hace está revisar la estructura del Servicio de Seguridad Minera. Los comicios harán presidente a Adrián Barbón, que el 30 de agosto firma con el consejero Enrique Fernández el decreto de estructura de la Consejería de Industria con un cambio a ese nivel: Seguridad Minera deja de ser un servicio independiente, adscribiéndose, con categoría de sección, al nuevo Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera. Es decir, se fusiona en un solo servicio lo que antes funcionaba con dos independientes.

Pese al cambio, los inspectores decidieron seguir adelante con el encargo, redirigiendo su análisis a esa sección y unidades bajo su dependencia. Tras entrevistarse con el personal, revisar sus archivos y actividad, concluyó que la supresión del Servicio de Seguridad Minera «constituye una legítima opción para optimizar la actividad administrativa, más aún tras la celebración de elecciones que abren una nueva legislatura». Sin embargo, «en el presente caso», la anulación del servicio independiente «ha resultado inesperada y sorpresiva, especialmente para el personal afectado, por la falta de previsión respecto al carácter superfluo de la unidad afectada».

La Inspección recordó cómo semanas antes se convocó un concurso de méritos sin prever la nueva configuración, además de que se le había pedido hacer una auditoría «que, racionalmente, presupone un interés, a corto y medio plazo, de mantener la estructura». «De lo anterior se deduce que la decisión de suprimir la jefatura de servicio responde a criterios de oportunidad y, más específicamente –conforme al unánime resultado de las entrevistas al personal–, a razones de estrategia económica, ajenas a la reorganización del departamento». El hecho de que el cambio implicara la amortización de una plaza de jefe de servicio «abunda en la misma dirección».

Inciso. En octubre de 2019 en la Comisión de Seguridad Minera los sindicatos criticaron también la decisión; la entonces directora general, Belarmina Díaz, y el jefe del servicio recién ampliado argumentaron que el cambio les «vino dado» y prometieron que no mermaría la actividad inspectora.

Volviendo al informe de Inspección General, aquella auditoría concluyó que la seguridad de las minas dependía de una plantilla compuesta por ocho trabajadores, que consideraban que su carga de trabajo era «correcta, ni escasa ni abrumadora», tenían un «excelente ambiente de trabajo» y una «percepción general muy positiva del liderazgo desarrollado desde la jefatura de servicio». Gracias a ello el personal tenía «motivación y predisposición».

En 2018 completaron 430 expedientes entre autorizaciones de planes de labores, puestas en servicio, autorizaciones de proyectos y nombramientos de directores facultativos. Hubo cuatro sanciones instruidas y 484 certificados de aptitud profesional. Para medir el rendimiento el informe indica que se ejecutó el 89,5% de los 17.899 euros presupuestados para pagar el plus por visitar el interior de minas y el 93% de los 50.000 euros reservados a compensar las guardias.

Detrás de la estadística, los auditores comprobaron que «el personal desempeña, de manera indiferenciada y habitual, funciones atribuidas a dos departamentos distintos (servicios ahora refundidos)», que había «transversalidad de funciones por categorías», de forma que jefes de sección, técnicos superiores y jefes de negociado cubrían «funciones prácticamente idénticas». No había planificación y el reparto de trabajo se hacía por explotación minera: «Cada técnico tiene asignadas varias explotaciones, de forma que se desarrolla todo el trabajo generado en ella, sea de seguridad o no. Esto supone que no hay especialización«.

El dictamen es duro con estas informalidades que degeneran en «dilución de la jerarquía formalizada», «dilución de responsabilidades en la ejecución de la actividad, la ausencia o la duplicidad de controles». De ahí que aconsejara una «reestructuración de la plantilla», diseñar y aplicar «controles de actividad», trabajar en una «planificación de la actividad inspectora» con «fijación de objetivos e hitos» y hacer «informes periódicos de seguimiento de actividad».

Buena parte de esos consejos han sido desoídos hasta ahora. La Inspección también detectó un desorden documental. Hay expedientes mineros con «una duración legal teórica de 90 años» pero «el espacio no es suficiente para organizar en unidad todos los expedientes abiertos y en curso». Eso provoca que estén dispersos dentro y fuera de la consejería, con el añadido de que «una parte importante» de ellos quedaron arruinados al inundarse en 2016 las dependencias donde estaban depositados. A ello se añadió que no se había expurgado nunca los archivadores, de forma que se iban acumulando y mezclando papeles aún útiles con los ya carentes de interés.