El Principado de Asturias dijo en 2023 que tenía la mina de Cerredo parada cuando ya le permitía volver a trabajar

El Ejecutivo autonómico intentó evitar una comisión de investigación parlamentaria en esa línea asegurando que bastaban las pesquisas emprendidas por el juzgado, la Inspección General de Servicio y la Comisión de Seguridad Minera, ente que reúne a representantes sindicales, técnicos, funcionarios y de tres empresas del sector. Este foro analiza los informes que presentan los funcionarios y lo que explican los vocales allí representados, pero no toma declaración directa a heridos ni responsables de otras empresas.

Suele reunirse cada trimestre y su gestión documental es mejorable. PP y Foro solicitaron las actas de las reuniones desde 2019; el Gobierno les dio copia de seis reuniones, sin aportar nada de las sesiones de 2019, 2020, solo una de 2021 y omitiendo dos de 2023. De encuentros ocurridos hace años hay borradores de acta pendientes de aprobar. La entonces directora general Belarmina Díaz presidió las sesiones del 3 de abril y el 3 octubre de 2024, sin que figuren en su agenda de reuniones que publica el Principado.

La lista de discordancias alcanza a una sesión clave, la del 4 de mayo de 2023. En ella se analizó las irregularidades constatadas en la mina de Cerredo tras un accidente mortal ocurrido nueve meses atrás. Un hombre falleció al usar un vehículo averiado; carecía de habilitación y el camión sacaba carbón sin permiso.

La sesión es dura. Los vocales de CC OO exigieron a la administración que aclarara «la metodología que se sigue para autorizar concesiones a empresas fantasma o como mínimo no válidas o solventes». El representante de Minersa dijo que el sector no podía acabar «en manos de lo que en lenguaje común puede denominarse como 'quinquis' o empresas que carecen de la necesaria solvencia». Los vocales del SOMA y CC OO discrepan sobre si había que suspender a la mercantil o cerrar la explotación.

El jefe de sección de Seguridad Minera zanjó la bronca asegurando que «hasta que la citada explotación minera estuviera en su totalidad de conformidad y en regla con la vigente normativa y reglamentación, las labores se encuentran paralizadas, y obviamente existirá un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera».

La información fue errónea o incompleta. Tal y como afirmó Belarmina Díaz en la Junta General antes de dimitir, «la explotación estuvo paralizada desde el mismo día del accidente, 25 de agosto de 2022, hasta el 12 de abril de 2023 en que se levantó la paralización después de presentar la empresa la documentación requerida para el reinicio de la actividad» y después de que en la víspera se le hiciera una inspección para verificarlo todo.

Es decir, cuando el jefe de sección aseguró a la Comisión de Seguridad que la explotación estaba paralizada, hacía 18 días que había dado el permiso para retomar la actividad. El decreto de reinicio concedía un mes para presentar un informe de las labores a desarrollar.

Años antes, en esa comisión, los sindicatos dejaron patente otro disgusto. En 2019 la llegada de Adrián Barbón a la presidencia del Principado y de Enrique Fernández a la consejería de Industria implicó un cambio respecto a la organización tradicional que había tenido la minería en la Administración. Los empleados públicos llevaban décadas encuadrados en dos jefaturas de servicio, la de Seguridad Minera y la de Promoción y Desarrollo Minero. El decreto de estructura de la consejería que firmaron el presidente y el consejero agrupó ambos departamentos en uno solo, «Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera».

Eran los tiempos del Plan de Cierre, cesaban las explotaciones que sacaban carbón para uso térmico en base a las ayudas públicas. Recuerdan en el Gobierno autonómico que las decisiones sobre las estructuras de las consejerías «se van tomando según la evolución de los acontecimientos y el criterio de cada consejero para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía».

El cambio soliviantó a los sindicatos, según consta en el borrador de acta de la Comisión de Seguridad Minera celebrada en octubre de 2019. La entonces directora general, Belarmina Díaz, sacó el tema, y quien era hasta entonces jefe de Seguridad Minera salió de la reunión, al estar afectado. «Como es obvio, esta nueva estructura supone una serie de situaciones problemáticas a nivel humano», confió Díaz. Según defendió, la idea es que el cambio «no afecte al efectivo cumplimiento de las irrenunciables competencias que en materia de seguridad minera le vienen conferidas por el vigente ordenamiento jurídico», dijo. Es más, su intención era incorporar a nuevos inspectores a la plantilla.

El SOMA y CC OO mostraron su rechazo. El representante de la primera central dijo que «en modo alguno» podía estar de acuerdo. Defendió que más allá de la persona que llevara esa jefatura, el servicio había jugado un papel muy relevante a la hora de influir en la normativa nacional y acreditó «su independencia». «No se entienden los motivos de su desaparición», insistió. «Da la sensación de que la Seguridad Minera está a la cola de las prioridades», abundó.

La directora general y el jefe de servicio que desde entonces lleva todas las áreas de minería, adujeron que nada podían explicarle al respecto. «La reestructuración orgánica de las diferentes consejerías, incluida la que ostenta las competencias en materia de minería, les vino dada», recoge el borrador de acta.