La mina paralizada por el Principado tras el accidente de Cerredo aplica un ERTE a parte de su plantilla

Desde esa fecha la empresa ha ido remitiendo documentación para tratar de demostrar la legalidad de una actividad que el propio Principado le había autorizado por medio de un proyecto de investigación complementario (PIC) de 2021, siendo consejero del ramo Enrique Fernández, y que se fue ampliando y renovando con Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz en la consejería. Según fuentes de la empresa, la mina era objeto de inspecciones «cada tres semanas» sin haber dado lugar a reproche alguno. El proyecto consiste en alcanzar una capa sin explotar, para lo que hizo una inversión inicial de cuatro millones en la galería nueva con la que logró acceder a la misma; el material que venía sacando es un carbón con una concentración de volátiles inferior al 4%. El permiso le facultaba a venderlo a ArcelorMittal para que en una de sus factorías de Europa pudiera calibrar el rendimiento que da en términos de emisiones. De permitir una producción más limpia, la idea era solicitar al Principado un permiso ya de extracción propiamente dicho y ampliar la actividad y la plantilla.

En esta fase de investigación TYC venía trabajando con unos 70 empleados en la mina. El 7 de marzo pasado la empresa Special Anthracites (la marca con la que opera ahora NMR) cursó una denuncia ante el Principado contra la actividad en Vega de Rengos. La consejería la remitió a los cuatro días a la empresa afectada, dándole plazo para que formulara las alegaciones que estimara. El 18 de marzo, es decir, once días después de recibir la denuncia, el actuario de la consejería inspeccionó la mina. Es un proceder distinto al que aplicó respecto a una denuncia contra la mina de Cerredo que le llegó el 12 de marzo, a la que dio traslado a Blue Solving ocho días después para que alegara, quedándose a la espera de unas explicaciones que nunca llegaron. El 31, queda dicho, tuvo lugar el fatal accidente.

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Volviendo la vista a Vega de Rengos tras la inspección la consejería ha venido requiriendo información sobre la cantidad extraída, la capa de la que procede y la trazabilidad del material, para verificar que se usa en las instalaciones de la multinacional siderúrgica. El artículo 116 de la Ley de Minas especifica que la consejería tiene capacidad para suspender provisionalmente los aprovechamientos autorizados «en casos de urgencia en los que peligre la seguridad de las personas, la integridad de la superficie, la conservación de los recursos o de las instalaciones o la protección del medio ambiente y en los de intrusión de labores fuera de los perímetros otorgados».