El Principado inspeccionó una mina en Cangas del Narcea tras una denuncia y no hizo lo mismo con Cerredo

La denuncia la remitió Promining, sociedad vinculada a Victorino Alonso, empresario enfrentado con la familia al cargo de Blue Solving, que lidera Jesús Manuel Rodríguez Morán. Había interés detrás, pero conviene aclarar la secuencia de denuncias que hubo antes y después del accidente mortal, y la gestión que se hizo con cada una de ellas.

El 16 de octubre de 2023 llegó una primera denuncia vecinal al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Principado: «Se está explotando sin ningún tipo de medida de seguridad». Mostraba mapas, fotos y vídeos. El SAC remitió al correo mineria@asturias.org, la dirección que le surgía si quería contactar con el Servicio de Promoción, Desarrollo, y Seguridad Mineros. El jefe de servicio era el apoderado de esa cuenta, pero no accedió a ella. Una migración a una versión superior del programa provocó que no le entraran los mensajes. Tras el accidente, al aflorar el caso, se tramitó la denuncia, año y medio después, bajo el convencimiento de que las fotos mostraban una bocamina que no se podía usar para extraer carbón.

El 12 de marzo de 2025, 19 días antes del fatal accidente, es cuando Promining remite un escrito de denuncia tanto al Principado como al Instituto para la Transición Justa (ITJ). «Desde el ministerio se informó al anterior equipo mediante una llamada telefónica de la llegada de dicha denuncia», confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Ciencia e Industria. El escrito denunciaba una «actividad extractiva encubierta«, consistente en explotar la mina en zonas que debían quedar cerradas, so pena de tener que devolver las ayudas de la UE al cierre de la actividad.

La consejería había recibido esa misma denuncia unos minutos después que el ITJ. El jueves 20 le aplicó lo que entonces defendió como el «procedimento habitual»: la remitió a Blue Solving, dándole diez días hábiles para que formulara sus alegaciones. La consejería quedó a la espera de las mismas.

La explosión de grisú que mató a cinco mineros tuvo lugar el lunes 31 de marzo. Es decir, año y medio después de la denuncia vecinal que no fue atendida y 19 días después de la que cursó Promining a la que se dio el citado trámite. Habían pasado siete días hábiles y Blue Solving no había respondido todavía a la acusación, ni lo haría después, al quedar ya esa denuncia en un segundo plano.

Había otra forma de hacer las cosas, y lo demostró el propio servicio de Minas, en ese mes de marzo. El día 7 Special Anthracites (la marca con la que ahora opera NMR) remitió una denuncia contra la actividad que en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) desarrolla el grupo TYC. En ese caso se tardó solo cuatro días en dar traslado del escrito al denunciado para que alegara y, además, el 18 de marzo se procedió a inspeccionar la mina. Es decir once días después de tener un escrito.

Hay un factor a tener en cuenta. Formalmente en Cerredo solo había en vigor un permiso de retirada de chatarra y la denuncia cuestionaba que se pueda extraer carbón en base a otro permiso, el de proyecto de investigación complementaria, aún por activar. En cambio en Vega de Rengos ya se está avanzando con un proyecto de investigación complementaria, extrayendo carbón de bajos volátiles para calibrar su rendimiento en una instalación de ArcelorMittal.

El asunto de las denuncias y la «agilidad» de la que hizo gala la ministra removió ayer las arenas de la Junta General. Para Dolores Carcedo, por parte del Grupo Socialista, se trata de matices que «se van a analizar en el marco de las investigaciones abiertas». «Parece que estamos ante una mala praxis y un mirar hacia otro lado», indicó Luis Venta, del PP. Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturies, sostuvo que «la regeneración del departamento es ahora más importante». Adrián Pumares, de Foro, entendió el asunto «una vergüenza» y pidió que el presidente Adrián Barbón comparezca «de manera inmediata».