El Principado suprimió en 2019 el servicio independiente de Seguridad Minera pese a la protesta de los sindicatos

Eran los tiempos del Plan de Cierre, cuando cesaban la actividad las explotaciones que venían sacando carbón para uso térmico en base a las ayudas públicas recibidas, sin poder ser rentables sin ellas. Recuerdan hoy en el Gobierno autonómico que las decisiones sobre las estructuras de las consejerías «se van tomando según la evolución de los acontecimientos y el criterio de cada consejero para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía».

El cambio, sin embargo, soliviantó a los sindicatos, según consta en el borrador de acta de la Comisión de Seguridad Minera celebrada en octubre de 2019. El asunto lo presentó en el turno de ruegos y preguntas la entonces directora general, Belarmina Díaz, e implicó que en ese momento dejara la reunión el hasta entonces jefe de servicio de Seguridad Minera, que llevaba año y medio en el puesto y se veía directamente afectado. De ese puesto pasó a ser ingeniero inspector en el mismo área y posteriormente recuperó el rango de jefe de servicio, pero en Patrimonio y Juego.

«Como es obvio, esta nueva estructura supone una serie de situaciones problemáticas a nivel humano», confió la entonces directora general. Según defendió, la idea es que el cambio «no afecte al efectivo cumplimiento de las irrenunciables competencias que en materia de seguridad minera le vienen conferidas por el vigente ordenamiento jurídico», dijo. Es más, su intención era incorporar «en un plazo no demasiado dilatado» a nuevos inspectores a la plantilla.

La decisión, sin embargo, suscitó el rechazo abierto del SOMA y CC OO. El representante de la primera central dijo que después de 20 años asistiendo a la comisión «en modo alguno» podía estar de acuerdo con la desaparición del servicio de Seguridad Minera, «sin que pueda justificarse que el motivo de su supresión sólo obedezca a cuestiones económicas o presupuestarias». Defendió que más allá de la persona que llevara esa jefatura, el servicio independiente había jugado un papel muy relevante a la hora de influir en la normativa nacional que regula al sector. Era, sostuvo, una jefatura con «personal experimentado que a lo largo de los años ha acreditado cumplidamente su independencia, además de su mérito y capacidad, siendo referente no solo a nivel regional, sino nacional e incluso internacional», reivindicó.

«No se entienden los motivos de su desaparición», insistió el representante del SOMA, quien asumió que las explotaciones activas estaban disminuyendo pero seguía habiendo actividad, túneles y obras subterráneas que, a su juicio, justificaban mantener la jefatura de servicio intacta. «Es una triste noticia y da la sensación de que la Seguridad Minera está a la cola de las prioridades», abundó. «Sin saber a quién se le ocurrió la decisión o quién efectivamente la tomó, la citada supresión es algo lamentable que rompe con la historia reciente de la minería asturiana», agregó.

La directora general, y el jefe de servicio que desde entonces lleva todas las áreas de minería, adujeron que nada podían explicarle al respecto. «La reestructuración orgánica de las diferentes consejerías, incluida la que ostenta las competencias en materia de minería, les vino dada», recoge el borrador de acta. El representante de Hunosa dijo esperar que «en modo alguno» la unificación de servicios afecte a la labor inspectora y el vocal de CC OO también mostró sus reservas. Preguntó si se introducían nuevas competencias en el equipo de minería del Principado, cosa que se le negó. «Aunque no se pueda estar de acuerdo con estos cambios organizativos, lo importante es que el equipo ejecutivo siga funcionando e inspeccionando correctamente», demandó.

Ese fue el compromiso que hizo la entonces directora general. Asumió que era «evidente» que habría cambios pero que no llegarían al «día a día del personal de inspección».

En su última comparecencia en la Junta General, el 15 de abril pasado, antes de anunciar su dimisión como consejera, Díaz defendió que las inspecciones que hacen los funcionarios se deciden por criterio técnico y que en 2024 hubo 461 visitas; «por comparar en otras comunidades autónomas se producen del orden de entre 30 y 90 inspecciones anuales por provincia». Una de las cuestiones que quedan por aclarar es por qué el servicio dejó pasar seis meses sin inspeccionar la mina de Cerredo que explotaba Blue Solving, a pesar de haber recibido una denuncia días antes, traspapelado otra año y medio antes y teniendo en cuenta que detrás de esta sociedad estaba la misma familia que bajo otra mercantil fue sancionada en 2022 por extracción ilegal de carbón.