El director de Blue Solving representaba a su gremio en la comisión minera del Principado de Asturias

Para analizarlo, PP y Foro solicitaron las actas de las reuniones celebradas desde 2019. El Principado les acaba de contestar, de forma incompleta. No entrega copias de 2019 ni de 2020. Y de 2021, sólo a partir de octubre, además de omitir la de mayo de 2023, en la que se analizó el anterior accidente mortal de Cerredo.

De los seis encuentros analizados surgen varias conclusiones. Aunque hay avances en seguridad, el sector mantiene incidencias recurrentes. En 2022 registró 379 accidentes leves, tres graves y un fallecido; en 2023 empeora la frecuencia, con 415 leves y uno grave. Es decir, hay más de un percance diario. Las actas no recogen datos de todo 2024.

Las reuniones muestran a los sindicatos preocupados por las emisiones de los vehículos diésel en el interior, discusiones sobre el derrumbe de un talud en agosto de 2021 en Boinás, dudas de por qué se califica como leve un accidente en el que el trabajador quedó electrocutado.

Las únicas empresas con asiento son Hunosa, Orovalle y Minersa, y cuando el accidente en cuestión les afecta, informan ellas y debaten con los sindicatos. La posición del Principado suele ser la de respaldar las medidas correctoras que se adoptan. En las reuniones no se invita a ningún técnico ajeno, ni a los empresarios de otras explotaciones; tampoco intervienen los trabajadores afectados, pasos que sí confían en dar los diputados en la comisión de investigación.

El foro reúne a los funcionarios del servicio de Minas, la directora general, los representantes del SOMA y CC OO y las tres empresas citadas; tiene asiento la patronal de los fabricantes de áridos y el Colegio Oficial de Minas. También tienen dos vocales el gremio de los directores facultativos, que son los responsables técnicos de cada explotación designados por el empresario. De ellos dependen en buena parte el diseño de las labores y la seguridad con la que se trabajan.

El que siempre asiste en representación del gremio es José Antonio Fernández Casillas, secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y, precisamente, el director facultativo de Blue Solving. Asiste, pero las actas no recogen ninguna intervención suya. A la reunión convocada tras el accidente de marzo, eso sí, faltó.

Del trabajo en Cerredo sólo se habló en octubre de 2022, tras el anterior accidente mortal, para decir que se investigaba y en la siguiente cita, en mayo de 2023; es la más virulenta, con el vocal de Minersa calificando de «quinquis» a los dueños de la mina, los sindicatos cuestionando que se den permisos a «empresas falsas» y el Principado prometiendo que será vigilante.

El decreto 9/2021 que regula este órgano confiere la presidencia al consejero, pero ni Enrique Fernández ni Nieves Roqueñí acudieron. Sí lo hacía a las reuniones Belarmina Díaz, por entonces, directora general. Aunque el decreto señala que el objeto del foro es tratar todo lo relacionado con la seguridad minera, la hoy exconsejera aprovechó también para informar de convocatorias de ayudas y animar a participar en un foro de áridos que iba a tener lugar.