Los acusados de matar a Ardines se aferran a negarlo todo e indignan a la familia de la víctima
La defensa centra sus bazas en rectificar sus confesiones y cuestionar a la UCO mientras la fiscal dice que hay indicios de sobra para una condena
Tenía 52 años, mujer y dos hijos cuando el concejal llanisco Javier Ardines fue asesinado. Ocurrió en el verano de 2018, a escasos 100 metros de su vivienda y el juicio en el que se procesa a los cuatro acusados de acabar con su vida es a todo o nada. Así quedó claro desde que comenzó ayer a las diez de la mañana. De un lado la fiscal y la familia de la víctima responsabilizan a todos por igual y piden 25 años de cárcel para cada uno, con independencia de si idearon el crimen o se mancharon las manos de sangre. Los señalados en cambio se presentaron ante el jurado popular como hombres inocentes, víctimas de lo que no serían más que conjeturas de la Guardia Civil. Esa estrategia al ataque llevó a decir a uno de los supuestos sicarios que sí confesó los hechos es porque le presionaron, que recibió «hasta tortazos». La vehemencia con la que lo negaron todo indignó a la familia de la víctima.
Es cierto que en este caso no hubo una 'pistola humeante', una prueba inapelable como pueda ser una huella en el lugar del crimen o una mancha de sangre de la víctima en la ropa de los acusados, pero sí hay un conjunto de indicios que sustentan la acusación. Si bastan para vencer la presunción de inocencia de los procesados o no es la decisión que tendrán que tomar los cinco hombres y cuatro mujeres que forman el jurado.
Definida la partida, la primera en mencionar el elefante que hay en la sala fue la fiscal del caso. Belén Rico abría la fase de alegaciones previas, el momento en el que cada parte se dirige al jurado para presentarse, tratar de ganarse su favor y subrayar los hechos que considera clave. Como es costumbre entre los representantes del Ministerio Público, la fiscal recordó que ella es funcionaria, ganó la plaza tras una esforzada oposición y no le mueve un interés especial. «Si considero que una persona es inocente, solicito su absolución» -dijo- «El fiscal representa a la sociedad, a los intereses de los ciudadanos».
Remarcada así la apariencia de neutralidad, Rico abordó el dilema de frente. En este proceso «no esperen el visionado de unas cámaras captando el lugar de los hechos, no hay una prueba directa, no la esperen. Pero hay multitud de casos en los que no hay prueba directa y se consigue condena». Llevado al extremo «es irrelevante que haya testigos o cámaras», llegó a decir. Para condenar por asesinato a los cuatro procesados y penarles a 25 años de cárcel basta «aplicar el sentido común» al valorar los indicios, sostuvo.
En esa batalla juega con el respaldo de Antonio Pineda, el abogado de la familia de Ardines. Su turno lo centró en poner rostro a la víctima, recordar que era «marino, esposo y padre de dos hijos». Por contra, los acusados aceptaron matarle por 25.000 euros y «alargaron su sufrimiento. No solo le abrieron el cráneo sino que procedieron a asfixiarle», dijo. En suma, este juicio va de «hacer justifica a Javier Ardines», comprometió.
Sembrar la duda
Para romper la complicidad que las acusaciones podían estar tejiendo, las defensas tiraron de énfasis y elevaron el tono de su voz. «Ustedes hacen justicia siempre, no solo si condenan, no solo si le dan la razón a las acusaciones. Si tienen dudas solo cabe absolver», señaló casi gritando Francisco Javier Beramendi, abogado del supuesto inductor, Pedro Luis Nieva. Su misión es plantar la semilla de esa duda y regarla en cada ocasión. «No hay ninguna prueba directa. En el coche, en las vallas, solo se ha encontrado el ADN de la víctima y una mujer. De nadie más», recordó.
«Sin pruebas de cargo no se puede condenar a nadie», percutió Luis Mendiguren, el defensor de Jesús Muguruza. Su cliente estaba sentado en este juicio «en su calidad de hombre inocente, porque no se ha demostrado lo contrario. Estoy convencido de que dentro de un mes se levantará de la silla absuelto», pronosticó.
La victoria de las defensas depende en parte de la opinión que el jurado albergue de Djillali Benatia, quien confesó los hechos ante la Guardia Civil y la instructora para desdecirse un año y nueve meses después. Aquella autoinculpación «no es real estaba condicionada por un futuro beneficio», precisó su letrado, Adrián Fernández y el magistrado-juez, Francisco Iriarte, aclaró a todos que, en efecto, lo que vale es lo que se diga en la Sala.
Para las defensas resulta tan vital echar tierra sobre aquella confesión como sobre la profesionalidad de los agentes de la UCO cuyas pesquisas les sentaron en el banquillo.
