La «altísima» actividad de la justicia en Asturias: más de 164.000 dictámenes y menos de un año de tiempo de resolución

Los jueces asturianos dictaron el año pasado 164.241 resoluciones. Y lo hicieron, en la mayoría de los casos, en menos de un año. Son datos de la Memoria presentada esta mañana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, que ve en estos números el reflejo, por un lado, de la alta tasa de litigiosidad de la región y, por otro, de «los altísimos estándares de resolución» de sus magistrados.

Asturias es, con 165,37 asuntos por 1.000 habitantes, una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad del país -junto a Canarias, Madrid, Andalucía, Murcia y Baleares-, supera en cuatro puntos porcentuales la media nacional. También es la región con más jueces por 100.000 habitantes, concretamente 15,4. Y el tiempo tardan en dirimir los procedimientos oscila entre 1,6 meses de la Sala de lo Social del TSJA y los 10,1 meses de los juzgados de lo Mercantil.

Más allá de los asuntos resueltos, en 2024 ingresaron en los órganos judiciales asturianos 161.126 asuntos, un 12,4% más que el ejercicio anterior. Por órdenes jurisdiccionales, civil y penal fueron los que recibieron un mayor número de casos y èl contencioso-administrativo el único que registró un descenso de la actividad, como viene siendo tendencia en los últimos años.

«Hemos vuelto a los niveles de actividad anteriores a la pandemia», declaró Chamorro, que presentó los detalles de la Memoria Judicial de 2024 junto al secretario del consejo de gobierno del TSJA, Miguel Ángel Balbín. Del documento, no obstante, se desprenden más que datos numéricos. También se deja constancia de la situación que atraviesa la justicia asturiana ante la reforma que se avecina, tanto en lo que se refiere a sus infraestructuras como a su digitalización.

A partir del próximo 1 de julio comenzará a desplegarse la Ley Orgánica que contempla la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial, reemplazando así a los juzgados unipersonales. Una medida que busca una mayor eficiencia en la Administración de Justicia y que Asturias afronta con grandes carencias en materia de instalaciones «sin que se atisbe una solución a corto plazo».

El plan de Infraestructuras judiciales previsto por el Principado tiene un horizonte temporal de 2025 a 2037 y «doce años para que se ejecute resulta excesivo», señaló el presidente del TSJA, que, aparte del eterno problema de dispersión que existe en Oviedo, hizo alusión a las deficiencias que sufren en Grado, Lena, Pravia y Cangas de Onis.

En cuanto a la digitalización, Jesús María Chamorro fue nítido: «Sigue siendo una asignatura pendiente y hay que decirlo así». Aunque no negó que se hayan producido mejoras, las incidencias siguen produciéndose, con juicios que tienen que suspenderse por fallos en las videoconferencias y problemas informáticos que obligan a parar «desde una hora a dos días». El último parón tuvo lugar esta semana en los juzgados de Gijón.

Se refirió también Chamorro al procedimiento abierto por el juzgado de Cangas del Narcea en relación al accidente minero de Cerredo, en el que murieron dos trabajadores y cuatro resultaron heridos. Dada la complejidad del caso, el máximo dirigente de la justicia asturiana reclamó «respecto para el secreto de sumario» y «un voto de confianza» al órgano judicial que dirige las investigaciones.

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