«Se aplicaron los mismos criterios en residencias públicas y privadas»

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, afirmó ayer que el trato llevado a cabo en las residencias privadas fue el mismo que el empleado en las públicas. «Con las privadas mantuvimos un contacto diario desde principios de marzo». La consejera contestó así a las críticas vertidas por los grupos parlamentarios en el transcurso de la comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria. «Las críticas son injustas porque este gobierno no miente, siempre nos hemos regido por la transparencia y la coordinación».

Álvarez habló acerca del reparto de material de protección: «Los centros privados, al igual que los públicos, se incorporaron a la red de distribución del material disponible. Se distribuyó entre las residencias públicas y privadas aplicando el mismo criterio, en función de las necesidades de cada equipamiento», insistió. De igual manera, dijo, «se intervino cuando fue necesario para controlar las situaciones complicadas que se vivieron en residencias privadas porque nuestra prioridad son las personas mayores, al margen de dónde vivan».

La consejera negó que se hubiese «confiscado material», ya que «se actuó con rapidez y contundencia ante los rebrotes en los equipamientos privados. El sistema público ha estado a la altura de las expectativas». A este respecto, Ana Suárez, gerente del ERA, puntualizó que el material de protección fue llegando a los centros «de manera ordenada y se consiguió un stock adecuado para dar respuesta a los procedimientos existentes en cada momento» y cree que «hay un sesgo en el tema de materiales. Invito a que se compruebe lo que se hizo llegar desde la consejería. Fue un envío adecuado. Se están buscando culpables en lo público y víctimas en lo privado».

La consejera reconoció que la crisis ha puesto de manifiesto que el modelo asistencial de las residencias ha de ser modificado para atender a las necesidades actuales. «Hay que adaptarse a la nueva realidad». Por ello, anunció que la próxima semana comenzarán las reuniones de la mesa de trabajo integrada por su consejería, el ERA, las asociaciones de familiares, la Federación de Asociaciones de Mayores y las patronales del sector para definir la hoja de ruta a seguir.

«La sistematización del trabajo de los profesionales no será por tareas, sino basado en un cuidado integral de los residentes como personas de pleno derecho», añadió. Con ello, se apuesta por un refuerzo de todas las medidas preventivas que se aplicarán en los centros ante la posibilidad de un brote. «Estas actuaciones están en consonancia con los planes de contingencia que debe elaborar cada centro y que serán actualizados cuando se requiera».

Álvarez, que incidió en que las residencias de mayores «no son centros sanitarios ni deben serlo», resaltó que «se actuó bien porque buscamos anticiparnos a las situaciones y colaboramos en el ámbito institucional con Delegación de Gobierno, la Unidad Militar de Emergencias y el sector privado», aunque reconoció que «la evolución de la situación nos llevó a tomar decisiones ahora impensables. Hay que asumir los errores, pero también diferenciar los intereses que mueven a unos y a otros». Los grupos políticos ahondaron en la necesidad de asumir responsabilidades y se volvió a poner sobre la mesa la residencia de Grado. «Se está estigmatizando», contestó Suárez.