Armarios, puertas y sofás destrozados en los centros de menores de Asturias
El PP exige la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, que les reprocha no haber apoyado los 11 millones de inversión en los dispositivos
«El Materno-Infantil sin leche ¿qué más tiene que pasar para que alguien asuma responsabilidades en la gestión?«. Se preveía tenso el punto ... número 6 del pleno en el Parlamento asturiano y así fue. La comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, para dar explicaciones sobre las carencias materiales y de alimentos en los centros públicos donde viven los menores tutelados por el Principado, tuvo lugar con toda la bancada del Partido Popular mostrando imágenes de esos dispositivos. En ellas se ven puertas rotas, armarios sin puertas, sofás y butacas destrozados, techos con humedades entre otros desperfectos. «Exigimos su dimisión», sentenció la diputada del PP Beatriz Polledo.
De ella era la pregunta a Marta del Arco, para que explicara en el pleno de la Junta los motivos por los que los centros públicos en los que viven menores tutelados llevan desde el inicio de la legislatura siendo protagonistas de noticias. «Desde la red de menores prostituidas a los problemas de personal hasta llegar a la falta de alimentos y productos de higiene , sin olvidar los brotes de sarna «le recordó Polledo.
Unas acusaciones a las que la consejera respondió acusando a la diputada de «alarmismo y falta de responsabilidad», al mostrar imágenes de los centros de menores. Para la consejera, lo graves es que «usted ha dicho que no a invertir medio millón de euros en reparar y renovar el mobiliario de esos centros; ha dicho que no a que en los centros haya psicólogos y educadores; ha dicho que no a 4 millones más para reforzar programas; ha dicho que no a 1,5 millones para invertir en centros de día en entornos rurales, para favorecer la crianza; ha dicho que no a un millón para el acogimiento. En definitiva, usted ha dicho que no a 11 millones para que los niños y las niñas estén bien. La voz de toda esa gente la tiene la consejería, no la tiene usted».
Armarios de un centro donde viven menores tutelados, sin puertas.
Imagen de una butaca destrozada en un centro para menores tutelados.
Un sofá roto en uno de los centros para menores tutelados.
Humedad en la pared de una habitación de un centro para menores tutelados.
Puerta rota en un centro donde viven menores tutelados.
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Además de criticar la falta de apoyo del PP a las cuentas regionales para 2025, Marta del Arco defiende que gestión «es hablar de acciones que hay que mejorar», porque, recordó, «ya dije en más de una ocasión que este es un sistema vivo y dinámico, que permanentemente se está evaluando, sobre todo cuando llegan dificultades o situaciones nuevas». Respecto a los problemas de impago de facturas a los proveedores, aseguró que «hemos introducido importantes cambios. Tenemos reuniones quincenales con las directoras para trabajar conjuntamente en un sistema dinámico de compras y los proveedores son puntualmente informados, tanto telefónicamente como presencial».
El comité de empresa también pide la dimisión de la consejera
No logró con sus explicaciones convencer a la diputada del PP. «No son dificultades nuevas, son muy viejas, enquistadas, por lo que su credibilidad está muy cuestionada», señaló Polledo. En su opinión, «pra usted todo el mundo miente: los trabajadores de los centros cuando dicen que están comprando leche y papel con dinero propio. La Sindicatura de Cuentas, los directores de los centros, los proveedores, el comité de empresa... Y los medios de comunicación, alarman, porque lo que ustedes quieren es que esto no se sepa».
Una situación que llevó a Beatriz Polledo a pedir «que dimita y asuma responsabilidades ante el caos que tiene». Petición a la que se sumó el comité de empresa de la propia consejería. Mientras Del Arco comparecía ante la Junta, el comité ofrecía una rueda de prensa en la que se pidió la dimisión de la consejera por los problemas de gestión en los centros de menores, así como por la oferta pública de contratación que obliga a tener el título de educador social para trabajar en los centros de menores.
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